Borrón y cuenta nueva en las cuentas de la Seguridad Social. Éste es el primer gran consenso que se está fraguando en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo de cara al nuevo documento de recomendaciones que se hará público si no antes de que acabe el año, justo al comienzo de 2018.
Según varias fuentes implicadas en las negociaciones, una amplia mayoría de las formaciones representadas en el seno de la Comisión encargada de trazar las líneas maestras del futuro de las pensiones aboga por emplear los 600 hospitales y centros de salud que constituyen el núcleo de la red hospitalaria hoy gestionada por las comunidades autónomas, y que todavía son titularidad de la Seguridad Social, para enjugar la deuda histórica de 17.000 millones de euros que arrastra la administración encargada de gestionar el sistema público de pensiones y dejar a cero su contador de endeudamiento.
Tras decenas de comparecencias y horas de deliberaciones el Pacto de Toledo ha llegado a la conclusión de que la salud futura del sistema público pasa inexorablemente por que el renovado sistema de pensiones que salga de su esperado paquete de recomendaciones nazca sin cargas heredadas del pasado. Éstas, según los datos aportados por el Ministerio de Empleo a la Comisión, superan los 17.000 millones de euros, procedentes en su mayoría de una serie de transferencias que el Estado realizó a la Seguridad Social en los 90 para dar cobertura a determinadas insuficiencias financieras relacionadas con el Insalud y también para el pago de algunas prestaciones del sistema.
La maniobra que se ultima en el seno del Pacto de Toledo ya se intentó sin éxito en 2011 por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, entonces dirigido por Octavio Granado, aunque ahora sí cuenta con un apoyo político mayoritario. Entonces la Seguridad Social valoró dicho patrimonio inmobiliario en 9.000 millones de euros, una cifra que se encuentra muy lejos de la cifra de deuda histórica que se atribuye a la Seguridad Social. Ese desajuste no será un problema. "Se trata de una mera cuestión contable. Es cierto que el saldo beneficiará de manera clara a la Seguridad Social pero parece que eso no será un problema", explica una de las fuentes consultadas.
Operación a tres bandas
El detalle de la operación quedó pendiente de definir por la paralización de las reuniones como consecuencia del agravamiento del conflicto en Cataluña, pero la estructura básica de la misma ya está perfilada. La idea es que se sustancie, en primera instancia, mediante una permuta en virtud de la cual la Seguridad Social entregará al Estado la titularidad de ese patrimonio inmobiliario a cambio de poner a cero el contador de deudas pendientes entre ambas administraciones. La segunda fase de la operación sería el traspaso por parte del Estado a las comunidades autónomas de la titularidad de esos hospitales y centros de salud cuyo mantenimiento depende ya hoy de las diferentes administraciones autonómicas.
La operación tiene su complejidad. La primera fase no sólo exige un cálculo del valor actualizado del patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social, sino también una cierta conciliación entre el resultado de ese ejercicio y el volumen de deuda pendiente de la Seguridad Social con el Estado, que no sólo incluye la deuda histórica de 17.000 millones de euros antes mencionaba sino la devolución de los 10.192 millones recibidos el pasado mes de junio. Aquí los agentes sociales han marcado una línea roja: la operación no puede suponer un deterioro de la situación patrimonial de la Seguridad Social. Y ésa es la idea del Pacto de Toledo.
El asunto es más complicado si cabe en la segunda fase. El singular modo en que se sustanció el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades autónomas ha hecho que los hospitales cuya explotación - que no titularidad - se cedió en su día hayan sido objeto de importantes reformas cuyo coste ha sido asumido en exclusiva por sus inquilinos o que, en otros casos, se hayan convertido en estructuras infrautilizadas, cuyo deterioro ha afectado al valor de mercado de los activos. Toda esa casuística, multiplicada por 17, podría arruinar la operación si no hay un cierto compromiso por todas las partes, según admiten fuentes parlamentarias.
Un compromiso que parece existir. Las comunidades autónomas consideran una irregularidad que dos décadas después del traspaso de las competencias sanitarias sigan figurando como inquilinos de la red hospitalaria que gestionan y el Gobierno tampoco quiere abrir un nuevo foco de conflicto con las autonomías. Fuentes del Pacto de Toledo admiten que si hay algún desajuste financiero en la operación "deberá ser asumido por el Estado", ni por las autonomías ni por la Seguridad Social. Así que, una vez más, el éxito o fracaso de la operación dependerá de los cálculos que haga el Ministerio de Hacienda.
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