El Defensor del Pueblo alerta de que los "okupas" ya son familias desalojadas

Madrid, 27 feb.- El Defensor del Pueblo ha constatado el cambio de perfil de las personas que ocupan una vivienda puesto que ya comienzan a aparecer familias estructuradas que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres.

Así consta en el informe anual de la oficina que dirige Soledad Becerril, que considera que ante el gran número de viviendas que se encuentran vacías y que pertenecen a entidades financieras y a administraciones públicas se "hace difícil justificar ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones límites".

Sin embargo, la institución subraya que no es posible asumir que la ocupación ilegal sea el camino para procurar la satisfacción de su derecho a una vivienda digna.

Por ello, ha emitido resoluciones dirigidas a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid para que se excluya de la solicitud de una viviendas con protección pública a aquellos que han ocupado una vivienda y para que se tipifique como una infracción la ocupación de viviendas vacías propiedad del Ivima.

Ante los problemas de convivencia que se producen en casos de ocupación, el Defensor del Pueblo pide a las administraciones que tramiten con celeridad los pagos de las deudas reclamadas y los procedimientos de desalojo.

La institución también ha alertado del importante número de viviendas de promoción públicas vacías.

En este sentido, recuerda que, aunque las administraciones suelen alegar la insuficiencia de viviendas públicas disponibles para hacer frente a la creciente demanda, tienen un importante número de casas en sus manos que no están adjudicadas.

Por ello, ha iniciado investigaciones de oficio, cuyos resultados se presentarán a las Cortes Generales a comienzos de 2013.

El objetivo es determinar por qué estas viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso -por primera vez si son nuevas-, o para revisar su estado y, en su caso, rehabilitarlas si ya han estado ocupadas antes.

En opinión de la institución, muchas viviendas de protección pública vacías podrían ser utilizadas por familias que en estos momentos carecen de ellas, aunque para lograr la mayor eficacia, habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente se contemplan.

Además, el Defensor del Pueblo ha constatado un incremento de las renuncias a las viviendas con algún tipo de protección pública por parte de quienes habían resultado adjudicatarios a causa de razones económicas.

Entre los motivos se encuentra la supresión de las ayudas a la compra de vivienda, la negativa de las entidades financieras a dar préstamos, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales o la pérdida de ingresos como consecuencia del desempleo y la incertidumbre económica existente, que "supone un freno a proyectos de futuro" para muchos hogares.

Asimismo, ha constatado que las quejas relacionadas con la supresión de la renta básica de emancipación de los jóvenes y las demoras en el pago de la misma han aumentado un 73 % hasta las 1.800 reclamaciones.

Otro de los temas que han centrado las reclamaciones en vivienda han sido los relacionados con la ya extinta Sociedad Pública de Alquiler (SPA), en concreto por la modificación unilateral de los contratos.