El enredo de la subida a los funcionarios: algunos no la cobrarán hasta noviembre

  • Tres meses después de su entrada en vigor miles de empleados públicos continúan sin tener actualizadas sus nóminas, según denuncia el sindicato CSIF
Firma Acuerdo Funcionarios / EFE
Firma Acuerdo Funcionarios / EFE

Primero se les prometió que su subida se activaría en julio, con la entrada en vigor de los Presupuestos de 2019. La moción de censura y el aterrizaje de un nuevo Gobierno -acompañado de una profunda reestructuración ministerial - retrasó los planes. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez deslizó en primera instancia a los sindicatos que no podría aplicar la subida hasta la nómina de septiembre, pero tras el revuelo causado por el asunto se comprometió a hacer todo lo posible para que los funcionarios a sueldo del Estado vieran incrementadas sus nóminas y cobrados sus atrasos en agosto. Como se preveía, lo de actualizar las nóminas en agosto no fue posible y el Ejecutivo se fue de vacaciones prometiendo que en la nómina de septiembre todos los funcionarios del Estado tendrían sus nóminas ajustadas a la subida pactada en marzo.

Ha comenzado el mes de octubre, los empleados de los diferentes ministerios han ingresado en los últimos días sus nóminas correspondientes al mes de septiembre y, según los datos que maneja el sindicato CSIF, aún hay miles de funcionarios que o bien no han visto actualizadas sus nóminas o bien no han cobrado todavía la paga de atrasos correspondiente a los sueldos dejados de percibir durante la primera mitad del año. Incluso hay funcionarios de departamentos a los que ya se ha dicho que no cobrarán hasta noviembre.

Según el acuerdo rubricado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por los dirigentes de los principales sindicatos de la Función Pública -UGT, CCOO y CSIF- el sueldo de los funcionarios subiría en 2018 con carácter general un 1,5% con efectos desde el 1 de enero de 2018 y un 1,75% a partir del 1 de julio como consecuencia del cumplimiento de determinados objetivos de crecimiento del PIB y reducción del déficit en 2017.

Dado que los Presupuestos de 2018 entraron en vigor el 5 de julio y que la prórroga presupuestaria preveía una subida general del 1%, a las Administraciones Públicas se le generaron una serie de obligaciones. En primer lugar, debían actualizar las nóminas de sus empleados para aplicar la subida del 1,75% prevista en el acuerdo, y que en virtud de éste operaba desde el primer día de julio, y debía compensar los atrasos generados por la no actualización de las nóminas según el pacto salarial durante el primer semestre del año.

La solución propuesta por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública vino a añadir complejidad al asunto. Recomendó a los ministerios actualizar las nóminas conforme a la subida del 1,5% en agosto -en lugar de subir el 1,75% directamente-  y abonar la paga de atrasos ya en la de septiembre, sumando el medio punto dejado de percibir en las nóminas entre enero y junio, los 0,75 puntos de la de julio y los 0,25 puntos de agosto (donde las nóminas ya habrían reflejado la subida del 1,5%).

Solo cuatro ministerios al día

El panorama existente al cierre de la nómina de septiembre revela un embrollo de dimensiones considerables. Según fuentes sindicales, sólo cuatro ministerios, el de Presidencia, el de Justicia, el de Interior y el de Defensa, han actualizado las nóminas de sus empleados públicos en función de lo previsto en el acuerdo salarial de marzo, pago de los atrasos pendientes incluido. 

Entre el resto, hay de todo. Los hay que ya han actualizado las nóminas con la subida del 1,75%, pero que aún no han abonado la paga de atrasos -que puede situarse en el entorno de los 250 euros por funcionario según las estimaciones realizadas en su momento por UGT-; otros han abonado ya una paga de atrasos, pero todavía no han actualizado las nóminas a la subida del 1,75€; y los hay, como el Ministerio de Trabajo, que han actualizado las nóminas al 1,5% pero no han abonado la paga de atrasos, según la explicación proporcionada a los sindicatos porque se traspapeló la autorización para hacerlo. 

Según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, una vez dictada a finales de julio la instrucción que proporcionaba el soporte legal necesario para ejecutar los pagos pendientes, la responsabilidad de ejecutarlos de una manera efectiva corresponde a cada ministerio.

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