El Plan Estatal de Vivienda incluye una propuesta que busca dar solución habitacional a los trabajadores temporeros del campo español. El Gobierno ofrecerá hasta 50.000 euros por vivienda para que las comunidades autónomas, en colaboración con consistorios y empresas, construyan viviendas destinadas a este colectivo. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, explican que se trata de una opción de cohousing, es decir, edificios que comparten zonas comunes y que pueden ser "desde un comedor a una peluquería", según fuentes del departamento.
Desde el Ministerio que dirige Raquel Sánchez aseguran que bajo el nombre de cohousing no se esconden viviendas necesariamente "pequeñas o compartidas". Sino que "lo que se hace es que haya espacios comunes que puedan ser utilizados por el conjunto de la comunidad y se pretende que sean viviendas intergeneracionales" y que ofrecen una opción de "vivienda digna". Aunque el Plan no fija una cuantía específica para esta iniciativa, "porque no todas las comunidades tienen esta necesidad", sí se establece que se bonificarán las construcciones destinadas a este fin con hasta 420 euros por metro cuadrado por vivienda o alojamiento, con límites de 50.000 euros y del 50% del total de la inversión.
Desde el Ministerio de Transportes apuntan que los ayuntamientos van a tener un papel clave. Primero, en identificar estas necesidades y segundo, en establecer acuerdos con los promotores o la administración regional para el desarrollo de las construcciones. El Gobierno confía en que la iniciativa privada y la pública puedan colaborar para llevar a cabo este proyecto. Con todo, serán las comunidades autónomas las que fijen los criterios en sus convocatorias, pero fuentes del departamento identifican cuatro actores clave "los recursos del estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento y las empresas".
El programa para las opciones de cohousing se extiende también a otros colectivos y su alquiler estará limitado a 8 euros por metro cuadrado. Desde Transportes destacan que es una iniciativa que está teniendo mucho éxito en otros países europeos y que está especialmente demandada por personas de la tercera edad que prefieren vivir en una "comunidad intergeneracional y con servicios comunes" que trasladarse a una residencia.
El alojamiento de los temporeros que viajan a España para trabajar en el campo en la recogida de fruta o verdura es un asunto que preocupa al Gobierno. La pandemia puso el foco en las condiciones en las que estas personas vivían en las localidades donde trabajan. En verano de 2020, el Defensor del Pueblo hizo un llamamiento a corregir las "deplorables" condiciones habitacionales de los jornaleros. El Ejecutivo, por su parte, decidió coordinar estas campañas con las comunidades autónomas. Además, se intensificaron las inspecciones de Trabajo en las explotaciones agrícolas. Con estas opciones de cohousing, Moncloa busca dar recursos a los ayuntamientos para que construyan viviendas para estos trabajadores.
Programas prioritarios
Dentro del Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno ha identificado cuatro iniciativas prioritarias. La primera es la ayuda al alquiler para colectivos vulnerables, entre los que se incluyen las víctimas de violencia de género, desahuciados, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables. La segunda es la generación de parque público de viviendas. También ocupan un lugar prioritario la puesta a disposición de viviendas de la Sareb y las ayudas para personas arrendatarias con vulnerabilidad sobrevenida. En cuanto a las viviendas del banco malo, el Gobierno ofrecerá recursos económicos a las comunidades para que "puedan pagar un usufructo a Sareb" y se pueda dar salida, a través de un alquiler limitado, a 15.000 viviendas.
En el mismo Real Decreto, el Gobierno ha incluido el bono de ayuda al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años. Esta iniciativa tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, pero el Ejecutivo deja en manos de las comunidades autónomas la convocatoria de las ayudas y los plazos para pagarlas. Los solicitantes deberán ingresos por debajo de los 24.318 euros anuales y la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas, según detalló la ministra, que precisó que la medida beneficiará a unos 70.000 jóvenes.
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