Lisboa, 30 mar.- El Gobierno luso cerró hoy la venta del Banco Portugués de Negocios (BPN), nacionalizado en 2008 por riesgo de quiebra y del que quería desprenderse desde hace veinte meses debido a que sus elevadas pérdidas lastraban las cuentas públicas.
Finalmente han sido los angoleños del banco BIC los que absorberán la entidad a cambio de 40 millones de euros, una venta que se oficializó con la firma del acuerdo entre el Ejecutivo luso, representado por la Dirección General del Tesoro y Finanzas, y el nuevo accionista mayoritario.
En agosto de 2010, cuando fue puesto a la venta el BPN, el Gobierno de entonces, de signo socialista, esperaba cerrar la operación por un montante sensiblemente mayor, en torno a los 380 millones de euros.
La oferta del BIC fue elegida en julio del 2011, aunque su autorización por parte de la Dirección de la Competencia de la Comisión Europea llegó esta misma semana.
El acuerdo incluye un pago adicional al Estado luso del 20 % de los beneficios que logre el banco en el próximo lustro en caso de que las ganancias superen los 60 millones de euros.
El BIC, que suprimirá la marca BPN y la integrará a sus sucursales, se ha comprometido además a mantener a más trabajadores de los que el acuerdo establecía, 1.000 en vez de 750.
El día de la firma de la compra, el BPN anunció pérdidas en 2011 de 65,6 millones de euros, un 51,1 % menos que los resultados negativos de 2010 (134,1 millones).
La controversia ha rodeado el caso del BPN desde que se decidiera su intervención por parte del Estado, y hoy mismo el caso se ha convertido en motivo de polémica entre el Ejecutivo y la oposición de izquierda.
Según los cálculos del actual Gobierno portugués, de signo conservador, la entidad financiera ha supuesto al Estado un coste cercano a los 2.400 millones de euros, desembolso que ha lastrado el esfuerzo de reducción de déficit del país.
Sin embargo, el Bloque de Izquierda, de tendencia marxista y con ocho escaños en el Parlamento, cuantificó este gasto en 8.000 millones de euros.
Por este motivo, su portavoz, Francisco Louça, acusó al primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, de "destruir la economía" con este tipo de acciones y consideró que lo ocurrido es un caso de "corrupción".
Passos Coelho, líder del Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), se limitó a recordar que existe una comisión de investigación parlamentaria sobre el BPN y auguró que sus resultados dejarán claro "que el coste de la nacionalización fue muy elevado" pero que su venta al BIC "es la vía más barata para el contribuyente" de dejar de pagar por él.
La entidad, la primera en ser nacionalizada en Portugal desde el regreso a la democracia en 1974, fue intervenida debido a su gestión irregular, con pérdidas por valor de 700 millones de euros, según defendió el Gobierno socialista de entonces, que la colocó en venta en agosto de 2010.
Meses después, ninguno de los bancos interesados en hacerse con ella -entre ellos ya estaba el BIC- había presentado una oferta, alegando que las condiciones de la venta eran demasiado exigentes.
El caso estuvo íntimamente ligado a la política lusa desde su inicio, ya que el BPN -una entidad pequeña y con escasa clientela- estaba dirigido en el momento de su nacionalización por personas cercanas al PSD, que incluso habían ocupado cargos de responsabilidad en varios de sus gobiernos.
Los conservadores lusos, entonces en la oposición, cuestionaron la decisión de intervenir la entidad por parte de los socialistas y criticaron que detrás podía haber motivaciones políticas.
También se vio envuelto en la polémica con el BPN el actual jefe del Estado luso, el histórico líder de los conservadores Aníbal Cavaco Silva, al que sus rivales políticos acusaron de lograr plusvalías del 140 % con la compraventa de acciones del banco en 2001.
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