El Estado paga de media un 25% menos a sus funcionarios que las comunidades autónomas para un mismo puesto. Las diferencias pueden oscilar entre los 1.000 y los 21.000 euros brutos al año. Para hacernos una idea, un empleado público estatal cobra 57 euros menos al día que otro que desempeñe su misma función en Cataluña o País Vasco. Los datos los acaba de hacer públicos el sindicato mayoritario de funcionarios, el CSIF, a través de un informe con el que pretende iniciar la campaña "A igual trabajo, mismo salario".
Desde el sindicato explican que hay en torno a 230.000 personas a cargo del Estado que se encuentran en esta situación de clara discriminación salarial con respecto a otros compañeros que trabajan para las autonomía.
Además, ponen cara a estas diferencias y apuntan que, por ejemplo, el personal dedicado a labores de mantenimiento y servicios recibe de media 1.500 euros menos de la Administración Central. La diferencia se dispara en el caso de un funcionario A1 (titulado superior), que puede llegar a cobrar 21.600 euros más en el País Vasco que en el Estado.
El informe compara las retribuciones de los empleados públicos estatales con las de los de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y Galicia. Toma, así, los datos de las comunidades históricas y los de las que tienen un número significativo de empleados públicos. Además compara los de la Administración de Justicia, transferida a todas las regiones.
Analizan, además, todos los grupos (dependen de la titulación), con el nivel máximo al que puedan llegar pero excluyendo los dos niveles más altos (29 y 39) porque corresponden a cargos de libre designación, asesores... También descartan la parte de la nómina que depende de la antigüedad, que es un concepto individual, los trabajos extraordinarios y la productividad, sobre la que existe una enorme opacidad.
En el CSIF calculan que para equiparar de una vez las condiciones salariales de los funcionarios estatales y los autonómicos sería necesario destinar una partida de unos 500 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
Desde el inicio de la crisis económica allá por el año 2007, los funcionarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo en el entorno del 20%. Además, la disminución de efectivos a la que han dado lugar los recortes y la falta de reposición ha producido una pérdida de masa salarial acumulada que supera, según cálculos del CSIF, los 1.657 millones de euros.
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