El Estado desembolsará 1,9 millones de euros (2,1 millones de dólares) para la compra del 11% del capital al empresario estadounidense-brasileño David Neeleman, fundador de la compañía brasileña Azul, y a su socio portugués Humberto Pedrosa, que se habían hecho con el 61% de las participaciones de TAP durante el proceso de privatización de 2015.
"El gobierno no intervendrá en la gestión diaria de la TAP, que seguirá en manos de accionistas privados", declaró este sábado el primer ministro Antonio Costa a los periodistas después de la firma de un acuerdo con el consorcio Gateway, dirigido por Pedrosa.
El gobierno tendrá sin embargo "una voz preponderante en el consejo de administración de la TAP", que contará con seis representantes del Estado y otros tantos del consorcio, precisó el ministro de Infraestructuras, Pedro Marques.
"La TAP se convertirá en una compañía más fuerte que también estará en mejor posición para defender los intereses estratégicos de Portugal", afirmó el jefe de gobierno, asegurando que esta compra de participaciones "es acorde con la ley".
La derecha fue la más votada en las elecciones del 4 de octubre en Portugal pero no obtuvo mayoría absoluta. El gobierno saliente de Pedro Passos Coelho fue tumbado en el parlamento el 10 de noviembre por una alianza entre el Partido Socialista y la izquierda radical.
Dos días después, el gobierno dimisionario ultimó, pese a las críticas de la izquierda, la venta del 61% del capital de la compañía aérea TAP al consorcio Gateway.
Posteriormente, Costa fue nombrado primer ministro y prometió en su programa que "no permitiría que el Estado pierda más de la mitad del capital de la TAP".
Como consecuencia de ello, los accionistas privados tuvieron que renunciar a tener una mayoría de participaciones en esta aerolínea e incluso podrían bajar al 45% si los empleados, con derecho al 5% del capital, ejercen su opción de compra.
El grupo TAP emplea a más de 10.000 personas. Sus deudas ascienden a más de 1.000 millones de euros (1.115 millones de dólares). Desde su llegada, el consorcio inyectó 180 millones de euros (200 millones de dólares) en la empresa.
La venta de participaciones del Estado de la TAP figuraba en el programa de privatizaciones incluido en el plan de rescate financiero negociado en 2011 por los socialistas con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno socialista de Antonio Costa también intervino suspendiendo la privatización de la gestión del transporte público de Lisboa y Oporto (norte).
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