Durante el año 2016 las actuaciones de los Servicios Jurídicos del Fogasa, el fondo público que garantiza el cobro de salarios e indemnizaciones pendientes de percibir a los trabajadores de empresas declaradas insolventes o en concurso de acreedores, permitieron 'salvar' más de 86 millones de euros de fondos públicos en sueldos que le habían sido reclamados de manera impropia y en créditos contras las empresas declaradas insolventes que inicialmente no se le habían reconocido.
Así figura en la Memoria del Fogasa correspondiente al pasado ejercicio en la que también se deja bien sentada la importancia crítica del área jurídica del organismo no solo para su correcto funcionamiento sino también para la defensa de otros organismos públicos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, cuyos intereses se ven dañados cada vez que se reconoce el pago impropio de una prestación. "Cuando los letrados del Fogasa impiden el reconocimiento de créditos laborales fraudulentos", se jacta la memoria anual del fondo público, "además de evitar el pago impropio de prestaciones de garantía salarial, impiden el reconocimiento de derechos laborales fraudulentos, que, sin esta actuación, hubieran dado lugar al reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social".
Una función esencial que, sin embargo, los letrados del Fogasa realizan cada vez en peores condiciones. Según han confirmado a lainformacion.com varias fuentes sindicales, en los últimos meses el Fogasa ha dejado de personarse en varios juicios para defender los intereses del erario público en procesos por insolvencias empresariales como consecuencia de la insuficiente dotación de personal de sus servicios jurídicos. Estas mismas fuentes explican que éstos han quedado reducidos a la mínima expresión tras años de recortes de personal y que a día de hoy se ven desbordados para atender todo el torrente de citaciones judiciales que se deriva de la singular función que cumple el Fogasa.
Según la Memoria del Fogasa, en 2016 sus servicios jurídicos efectuaron más de 23.000 comparecencias judiciales y atendieron más de 81.000 citaciones y emplazamientos. Todo ello con un equipo de 70 letrados y una cifra similar de auxiliares, que se ven obligados a ejercer funciones de representación legal que no les corresponden ante la carencia de recursos del Servicio Jurídico, denuncian los sindicatos. "El Gobierno ha resuelto el asunto con una habilitación especial de la Abogacía del Estado para que funcionarios que no tienen la oposición de abogado del Estado pero sí la licenciatura en Derecho representen al Fogasa en los juicios, pero ni así ha sido suficiente. En muchas zonas nos encontramos con que hay un letrado y un equipo de dos personas más para tres provincias, cuando lo normal sería que hubiera equipos con dos letrados, dos técnicos y dos auxiliares en cada unidad provincial", señala Francoise Calvo, portavoz de UGT en Fogasa.
Las consecuencias de no ejercer esa representación legal en defensa de los intereses del erario público en procesos por insolvencias empresariales no son irrelevantes. Lo normal es que las empresas en esa situación intenten desplazar la mayor factura posible al Estado y para los trabajadores la garantía del Estado es mucho más fiable que la de la empresa que lleva meses sin pagarles la nómina, lógicamente. "No presentarse en estos juicios tiene consecuencias negativas para el erario público porque se corre el riesgo de que se acabe cargando al Fogasa un volumen de prestaciones superior al que correspondería", señala Marian Mur, portavoz de CSIF.
Los datos así lo atestiguan. En 2016, el Fogasa obtuvo 2.178 sentencias favorables a sus intereses en los 8.832 juicios en los que se presentó, lo que se traduce en que abonó un volumen de prestaciones inferior al que se le exigía por la contraparte empresarial o bien directamente no abonó prestación alguna por tratarse de alguna trama fraudulenta. A los letrados del Fogasa les corresponde llevar el control y la comprobación de las demandas de prestaciones que les llegan por insolvencias empresariales y que en no pocos casos esconden una maniobra fraudulenta por parte de empresas que nunca tuvieron una actividad para conseguir un sueldo a trabajadores que nunca tuvieron un trabajo en realidad. La casuística es riquísima. No son pocos tampoco los casos de empresas que se declaran insolventes después de haber llevado a cabo un vaciamiento patrimonial. Los letrados del Fogasa conocen las estrategias de estas empresas, sus trucos y consiguen desentrañar tramas de fraude y ahorrar decenas de millones de euros a las arcas públicas.
En 2016 'rescataron' 11 millones de euros peleando la condición de acreedor preferente del Fogasa en procesos concursales, otros 10,5 millones de euros de seguimientos de actuaciones extrajudiciales y medio millón de euros de otros incidentes concursales.
Descontrol total en el Fogasa
El Fondo de Garantía Salarial abonó el año pasado 1.043,71 millones de euros en salarios e indemnizaciones a trabajadores de empresas que se declararon en situación de insolvencia o que entraron en concurso de acreedores. Es la cifra más baja desde el año 2009 aunque aún está muy por encima de los 450 millones de euros de media que se abonaron en la década de los 2000.
El Fogasa puede ejercer el derecho a recuperar esos fondos sobre las empresas declaradas insolventes que obligaron a utilizar esta cifra de dinero público. Un derecho virtual porque al tratarse de sociedades en quiebra la capacidad de recuperar esos fondos es remota. De hecho, en 2016 el Fogasa apenas recuperó 17 millones de euros y acumula una cuenta de pérdidas de 10.569 millones de euros desde su creación.
En ocasiones, el Fogasa se cobra parte de esas deudas en activos de las empresas, inmuebles, maquinaria...A cierre de 2016 tenía 84 bienes adjudicados por un valor acumulado de 35,5 millones de euros. En su último informe de auditoría, la Intervención del Estado afea la incapacidad del Fogasa a la hora de intentar enajenar esos activos para obtener un rendimiento económico y también la falta de actualización de su valoración de mercado. También cuestiona el sistema de Fogasa para intentar recuperar las deudas de dudoso cobro -solo se recuperaron el 1,55% del total- y de las prestaciones indebidamente cobradas por los trabajadores, que solo se recuperaron en un 15%.
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