El Gobierno ahorra 280 millones con el recorte de empleo público

El Gobierno ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público para 2010, que destina 1.989 plazas para la Administración General del Estado, principalmente en el Ejército y en los cuerpos de Seguridad del Estado, y 2.030 para la Administración de Justicia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la oferta aprobada se adapta y se adecúa a la actual coyuntura económica.

Así, se cumple con el Plan de Austeridad del Gobierno y con la contención del gasto, al fijar la tasa de reposición (cobertura de vacantes) en el 10%, al tiempo que se "salvaguarda" el "objetivo primordial" de dar la mejor atención al ciudadano, precisó.

En conjunto, supone un recorte del gasto de personal del 4% hasta 2013 y se reduce la tasa de reposición (la cobertura de vacantes), lo que conlleva un ahorro de 280 millones de euros respecto a la oferta de 2009, dijo.

De las 1.989 plazas de la Administración General del Estado, frente a las 15.084 del año pasado, 222 son para la Policía Nacional, 232 para la Guardia Civil y 754 para las Fuerzas Armadas.

El resto están desglosadas como sigue: 548 para funcionarios, 116 para personal laboral, 107 para las entidades públicas empresariales y empresas públicas y 10 para docentes.

Respecto a la Administración de Justicia, de las 2.030 plazas que se ofertan 704 son en la Administración Central y 1.326 para las comunidades que tienen transferida esa competencia.

Se distribuyen entre Instituciones Penitenciarias (el 50% del total), Fraude Fiscal (12,04%), Investigación (9,12%), Orden Social (8,2%), Cuerpos Informáticos (8,2%), Seguridad Aérea y Meteorológica (6,38%).

Otras de las características de la oferta que destacó De la Vega es que conllevan la "contención" de la contratación temporal y el fomento de la movilidad.

Además, por primera vez, se incluye un turno diferenciado para discapacitados intelectuales con objeto de dar a este colectivo una oportunidad "real" en el acceso al empleo público.

Por todo ello, para De la Vega la oferta pública de empleo es un instrumento de planificación efectiva, que además cumple los acuerdos con los sindicatos en materia de función pública.

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