Lo peor de los riesgos es que tienen una insoportable tendencia a materializarse. Empresas, inversores y creadores de opinión de los mercados vienen advirtiendo estos días de que el mayor riesgo que afronta la economía española en el actual contexto de incertidumbre política por la situación en Cataluña es que ese tremendo embrollo jurídico-político-social acabe traduciéndose en una parálisis económica.
El Gobierno es consciente de la inquietud del mundo del dinero y reconoce su preocupación por el impacto que la parálisis política en España puede tener sobre la economía, pero dice tener las manos atadas. Según las fuentes consultadas del área económica del Gobierno, la agenda económica del Ejecutivo de aquí a final de año está suspendida a la espera de que en algún momento se rebaje la tensión política generada por el conflicto catalán.
"Cataluña lo monopoliza todo", asegura una fuente de uno de los ministerio económicos. "Ya no es solo que sea la principal preocupación del Gobierno es que ha generado un clima de tensión que hace inviable cualquier iniciativa política".
El mejor ejemplo para ilustrar la situación de bloqueo que vive la vida política española a cuenta de la crisis catalana es el azaroso viaje a ningún lugar del proyecto de Presupuestos del Estado para 2018. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vio obligado a retirar el proyecto presupuestario menos de una semana después de anunciar su presentación- lo que tácitamente daba a entender que disfrutaba de los apoyos necesarios para tramitarlo - y apenas 72 horas antes de llevarlo al Consejo de Ministros ante la evidencia de que el conflicto catalán había modificado la aritmética de apoyos que esperaba para el proyecto.
El mismo motivo mantiene en un cajón del Ministerio de Economía la esperada reforma de la Ley Hipotecaria, que dispone ya del preceptivo dictamen del Consejo de Estado y que aguarda a que la tensión política escampe para iniciar su tramitación parlamentaria. En similares circunstancias se encuentran el anteproyecto de ley que transpondrá a la normativa española la directiva europea de medios de pago (PSD2), que se espera defina los primeros perfiles del marco normativo para las empresas de servicios digitales, las llamadas fintech, y la iniciativa legislativa que transpondrá al ordenamiento jurídico español la directiva Mifid 2.
El 'riesgo reputacional'
Desde el Ministerio de Economía se asegura que se mantiene la hoja de ruta prevista y que se espera poder sacar adelante ese paquete legislativo antes de final de año, aunque se admite que dependerá en buena medida de que se relaje en cierta medida la actual situación de tensión política. Ese nivel de convicción no existe, sin embargo, en el Gobierno respecto a los Presupuestos de 2018.
El próximo lunes el Gobierno remitirá a Bruselas, porque así lo establecen las normas europeas implantadas tras el caos presupuestario que reveló la crisis financiera, su planificación presupuestaria para 2018 y lo que enviará no será un resumen ejecutivo de ese proyecto que no llegó a ver la luz sino un reporte de que en 2018 se prorrogarán los Presupuestos de 2017. Algo que hará por segundo año consecutivo, por cierto.
No faltan voces en el Gobierno que abogan por ver la parte positiva del asunto, relacionada esencialmente con que no se incluirían las nuevas partidas de gasto pactadas con Ciudadanos (rebaja fiscal, nuevas inversiones...), lo que serviría para acelerar el proceso de reducción del déficit.
Son pocos los que comparten esta teoría. Raymond Torres, responsable del Área de Análisis Económico de Funcas, uno de los think tanks de pensamiento económico de referencia para inversores y organismos internacionales, aseguraba en un reciente artículo que "es el peor momento para la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno apenas dispone de margen de maniobra para reaccionar a un brusco cambio de tendencia o a un 'accidente de mercado', por no decir que tampoco tendrá espacio para las reformas que necesita la economía en materia impositiva, para luchar contra el paro de larga duración y la precariedad, o para reorganizar la financiación autonómica".
Este último asunto, que también ha sido mencionado sistemáticamente por las agencias de calificación como posible vía de solución al conflicto catalán, sí parece estar encauzado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió este miércoles a dar trámite a la negociación para un nuevo sistema de financiación autonómica.
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