El Gobierno aplica un artículo 155 económico con toda su dureza

Rajoy ha aplicado el artículo 155 económico a Cataluña con toda su dureza. No en vano uno de los argumentos de la intervención es el deterioro de la economía catalana día a día y por ende la española, que también puede sufrir las consecuencias a medio y largo plazo. El Estado ya gestiona 1.400 millones de gastos de la Generalitat para abonar los servicios públicos y controlará sus 300 millones de ingresos propios. 

Desde septiembre, Hacienda ya tiene controlado al Govern por la vía de los gastos. Ante el anuncio de la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, el Ministerio ya se encarga directamente de abonar los gastos destinados a financiar los servicios básicos en la autonomía. Esto incluye tanto las nóminas de los empleados públicos como los pagos relacionados con la sanidad, la educación y la dependencia.

Las medidas que ha puesto en marcha Rajoy tras el Consejo de Ministros dejan todas las consejerías en manos del Gobierno. Respecto al área económica la ley es clara: se habilita al Gobierno de la Nación, por sí mismo o a través de los órganos previstos en el apartado 'Medidas dirigidas a la Administración de la Generalitat' a ejercer las competencias necesarias en materia económica financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, al estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. 

El Gobierno pondrá en marcha todas las medidas que considere necesarias para garantizar que la totalidad de los fondos que se tengan que se transferir a la comunidad sean controlados para que no se destinen al proceso soberanista. Por otra parte se pretende garantizar  que los ingresos que corresponde recaudar o recibir tampoco se destinen con el mismo. 

Rajoy ha dejado claro que una de sus principales preocupaciones ha sido el hecho de que "más de mil empresas se han trasladado, se han desincentivado las inversiones, ha bajado el turismo...". 

El presidente ha pedido en este sentido "que no se vayan más empresas, ni depósitos" porque "esto se arreglará y sin más daño para nadie. Podemos estar tranquilos". De hecho, uno de los objetivos del 155 es "continuar la recuperación económica", ya que las consecuencias de la independencia llevarían a la autonomía a un "empobrecimiento" al perder "entre el 25 % y el 30 %" de su PIB. La recuperación económica, ha escenificado el presidente, está "en evidente peligro" por las decisiones "caprichosas y unilaterales" que se han adoptado desde la Generalitat.