El Gobierno condicionará los fondos que distribuye a las comunidades autónomas para la gestión que realizan sus servicios sanitarios de las altas y las bajas de trabajadores por Incapacidad Temporal al cumplimiento de una serie de objetivos de gestión, entre los que estará cumplir con una ratio razonable de días de recuperación en las causas más frecuentes de baja, según han confirmado a La Información fuentes del diálogo social.
El Ministerio de Trabajo incluirá esta medida en un plan más amplio de medidas para el control de la Incapacidad Temporal que está ultimando y que incluso podría llevarse este viernes al Consejo de Ministros, según han avanzado fuentes gubernamentales.
El Gobierno pretende embridar así el incremento de las horas de trabajo perdidas al compás de la recuperación económica y del empleo, que se han disparado un 20% en apenas tres años y que han hecho que el gasto de la atención a las bajas por incapacidad temporal por enfermedad común - no profesional - se hayan incrementado un 60% en los últimos cinco años, mientras que los ingresos apenas lo han hecho un 25%.
Según ha podido saber La Información, una de las medidas que está ultimando el Gobierno es la revisión de los convenios de colaboración con los gobiernos autonómicos para la gestión de la incapacidad temporal a través de los Servicios Regionales de Salud.
Estos convenios tratan de adaptarse a una singular realidad en la que es la Seguridad Social la que asume la factura de las bajas - a través de las mutuas de accidentes de trabajo -, pero son los servicios sanitarios de las comunidades autónomas los que gestionan tantos las bajas y las altas médicas como los procesos de rehabilitación. Sólo en 2018, el Presupuesto del Estado ha previsto un crédito superior a los 315 millones de euros para que la Seguridad Social retribuya al Sistema Nacional de Salud por los costes derivados de esta gestión.
El asunto es que el sistema hace aguas. Los servicios regionales de salud no tienen ningún incentivo para esforzarse en la gestión de la IT, ya que una mayor eficiencia no les reporta un beneficio excesivo y, sin embargo, la gestión de las bajas, con las revisiones médicas regulares y los trabajos de rehabilitación asociados sí les suponen un coste extra. La Seguridad Social y las mutuas sí tienen interés en que el sistema funcione de forma eficiente, pero no tienen competencias para dar altas a un trabajador o para diseñar un programa de rehabilitación que acelere el proceso.
Pagar más cuánto más cortas sean las bajas
Lo decía esta semana el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. "Tenemos una Sanidad Pública que es modélica en la atención y tratamiento de las enfermedades de mayor gravedad, pero que deja mucho que desear en la gestión de otro tipo de contingencias más cotidianas". Su forma suave de decir que la Atención Primaria no pierde demasiado tiempo en valorar si un trabajador está en situación o no de ser dado de baja médica, ni tampoco en rehabilitarlo y procurar su más pronta reinserción laboral.
Ante este escenario el Ejecutivo ha decidido actuar y vincular el cobro de las cantidades previstas en estos convenios al cumplimiento de determinados objetivos de eficacia y eficiencia en la gestión. Uno de ellos será imponer la generalización de la utilización por parte de los facultativos de tablas de duración óptima, que reflejan el periodo 'normal' de recuperación de los pacientes en los procesos de mayor frecuencia, a fin de que conozcan la duración normal de estos procesos y puedan identificar cuando una baja se está prolongando en exceso. A la utilización de estas tablas se condicionará el 8% de la financiación total.
Trabajo también exigirá a los servicios sanitarios públicos que sean diligentes en el control de los procesos de baja. En este sentido, un 7% de los fondos recibidos estarán condiconados a que los servicios médicos tramiten y den respuesta de forma motivada en un plazo no superior a cinco días a las propuestas de alta trasladadas por las mutuas.
Casi un 40% de los fondos se vincularán a que se reduzca la factura por IT por empleado y mes, a la reducción de la incidencia (medida por procesos por cada 1.000 afiliados) y a la rebaja de los días de baja por afiliados.
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