Oviedo, 28 jun.- El Gobierno asturiano ha reclamado hoy la unanimidad del Parlamento regional en defensa del sector minero que, de aplicarse el recorte del 63 por ciento en las ayudas a la producción determinado por el Ministerio de Industria, estaría abocado al cierre en un breve periodo de tiempo.
Así lo ha reclamado hoy el consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, en su respuesta ante el pleno de la Cámara a dos interpelaciones planteadas por los grupos parlamentarios de IU y de Foro después de que el Parlamento de Castilla y León aprobase una iniciativa de apoyo al carbón con el respaldo de todos los grupos, incluido, y del Gobierno de esa comunidad autónoma.
Torre ha incidido en la necesidad de "presión política" para que el Gobierno rectifique una decisión "incomprensible" que pone en riesgo 7.000 empleos directos y 21.000 indirectos en toda España y que, con una cantidad que ha cifrado en unos cien millones de euros, tendría garantizada su continuidad al menos a corto plazo.
El consejero ha incidido en que esa cifra supone una cantidad "ínfima" en comparación con los recursos que se destinan a salvar otras empresas y aceleraría el cierre de la minería, ya condicionado por la decisión de la UE que el sector deje de recibir ayudas antes de 2018 y que las empresas deficitarias cierren antes de esa fecha.
Para la portavoz del PP, Mercedes Fernández, cuyo discurso ha sido interrumpido por un grupo de mujeres de mineros que seguían el debate desde la tribuna de invitados y que han sido desalojadas, el Gobierno sabe que no es cierto que las empresas mineras vayan a verse obligadas al cierre por este recorte en las ayudas.
"Desde el PP somos los primeros en defender el carbón dentro de los parámetros europeos", ha indicado Fernández, que ha considerado "injusto" que se acuse al Gobierno de insolidaridad con Asturias tras las ayudas recibidas en las últimas décadas para un sector "que no está llamado precisamente a la expansión".
La dirigente del PP ha incidido en que las prejubilaciones "no corren ningún riesgo" y ha criticado que los trabajadores de la minería utilicen "métodos del siglo pasado" en sus reivindicaciones y alteren de forma permanente desde hace semanas la vida de los ciudadanos con sucesivos cortes de carreteras.
Para el portavoz de Foro, José Antonio Martínez, el "arbitrario, injustificado y discriminatorio" recorte decidido por el Gobierno incumple el principio de solidaridad interterritorial dado que sí se mantiene el PER (Plan de Empleo Rural) en Andalucía o las subvenciones al transporte aéreo en Canarias.
Según su homólogo de IU, Jesús Iglesias, las ayudas a la minería española desde 1990 suponen menos de 24.000 millones de euros, "la misma cantidad comprometida para Bankia", y su recorte "condena al despoblamiento a comarcas enteras" y oculta "intereses económicos" del lobby de empresas eléctricas que apuesta por su cierre.
Por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha considerado que Asturias "no puede renunciar" al empleo minero y se debe garantizar un "aterrizaje suave" hasta 2018 pero tampoco puede "meter la cabeza bajo el ala" para no ver el futuro de la minería después del "fracaso" en la gestión de los 6.000 millones destinados a formación, infraestructuras y captación de inversiones desde 1994.
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