El gobierno autoriza 1.368 millones de límite de gasto para financiar programas de la esa


El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la modificación de los límites de gasto para la financiación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Agencia Espacial Europea (ESA), de la participación de España en Programas Espaciales Europeos, hasta un importe de 1.368 millones.
La modificación supone autorizar gastos por importe de 1.368 millones, un total de 344 millones más respecto a los 1.024 millones autorizados por el acuerdo del Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2013.
Así, el Ministerio de Industria plantea aportar una contribución adicional de 500.000 euros en cada uno de los ejercicios 2014 y 2015, con la finalidad de crear un Centro de Incubación de Empresas denominado ESA-BIC Madrid, dedicado al desarrollo y operación de la instrumentación de los satélites científicos de la ESA.
De igual forma, propone consolidar la aportación anual española a la Agencia España Europea de 152 millones para el período 2015-2022, para que España alcance el nivel adecuado en los Programas que la ESA tiene previsto aprobar. En concreto, desarrollar nuevos lanzadores, mantener en funcionamiento la Estación Espacial Internacional y realizar aportaciones y programas en curso, como son los cursos de exploración, vuelos tripulados, microgravedad, observación de la tierra, telecomunicaciones, tecnología y seguridad.
Dentro de los Programas propuestos por la Agencia Espacial Europea hay algunos susceptibles de ser realizados por empresas españolas, como lanzadores, vuelos de tripulación y exploración, observación de la tierra, telecomunicaciones, tecnológicos y de seguridad, por lo se prevé que generen retornos industriales para España que superarán las cuantías aportadas.
España es miembro fundador de la ESA, cuya actividad consiste en el diseño, desarrollo y fabricación de ingenios espaciales con contenido científico, tecnológico e industrial. La Agencia Espacial Europea se financia a través de las contribuciones de los estados miembros, asociados y cooperantes, que reciben un retorno proporcional a las contribuciones a través de contratos industriales a las empresas del país.

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