En 2015 apenas quedarán una treintena de embajadas autonómicas en el exterior de las más de 200 que existían cuando la crisis situó el llamativo despliegue en el extranjero de la acción diplomática regional en el punto de mira de la opinión pública.
Eso dicen, al menos, los cálculos el Gobierno, que confía en integrar en los próximos tres años en su red de embajadas, consulados, oficinas comerciales y oficinas de turismo, 132 de las 166 oficinas de representación autonómicas que permanecen aún abiertas en una treintena de países.
'Confía' porque la realidad es que, a día de hoy, los convenios firmados por el Ejecutivo con las diferentes comunidades autónomas -prácticamente todas, con la excepción de País Vasco y Cataluña- sólo prevén la integración de 71 oficinas.
¿Por qué cree el Gobierno que ese movimiento de integración se acabará extendiendo aún más? En primer lugar, porque mantiene negociaciones avanzadas con varios gobiernos regionales para alojar en dependencias estatales servicios autonómicos de representación exterior.
En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso lainformacion.com, está pendiente de firma el Protocolo de Colaboración para que la representación de la Junta de Extremadura en Portugal se integre en la Embajada de España en Lisboa, otro similar para que el cuerpo diplomático destacado por Castilla-La Mancha en Bruselas se mude a las dependencias de la Representación Permanente de España ante la UE y sendos acuerdos para que Cataluña y Aragón integren sus representantes en la Delegación Española ante la Unesco.
También están pendientes de desarrollo los protocolos de colaboración ya suscritos con Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Madrid que podrían derivar en la integración de nuevas oficinas.65.000 euros por oficina cerrada
El segundo argumento en el que confía el Ejecutivo es el ahorro puesto de manifiesto en las operaciones de integración ya realizadas. Según los cálculos realizados por las propias comunidades autónomas, por cada oficina cerrada el ahorro anual asciende a 65.180 euros.
No sólo las autonomías se ahorran dinero. Al trasladar su personal a las dependencias estatales, los gobiernos regionales pasan a pagar una parte del mantenimiento que antes asumía el Estado en exclusiva lo que se traduce en ahorros para las arcas estatales: algo más de 8.000 euros por oficina integrada.
De confirmarse la planificación estatal, que prevé haber cerrado la absorción de 57 oficinas al cierre de este año, la integración de 52 más durante 2014 y la digestión de otras 23 en 2015, el ahorro para las comunidades autónomas al final del camino rondaría los 20 millones de euros y para el Estado sería algo más de dos millones.
En cualquier caso, una cifra lejana respecto a los 150 millones de euros que el Partido Popular dijo en su día que se podrían ahorrar con el cierre de estas embajadas regionales.
El proceso de integración no está exento de problemas. Los traslados realizados hasta la fecha han puesto de manifiesto dificultades de espacio, legales y contractuales a la hora de realizar estas integraciones.
De hecho, el Gobierno admite que a medio plazo no dispone ni de las instalaciones ni del presupuesto necesario para encontrar acomodo a un cierto número de las oficinas autonómicas que están abiertas en la actualidad, principalmente las que están en países donde existe una especial concentración de sedes diplomáticas regionales: China (20), Estados Unidos (13) o Francia (11).
Hasta el momento, sólo Cataluña y el País Vasco han declinado expresamente la oferta de los ministerios de Asuntos Exteriores y Economía para acoger en sus sedes a sus delegaciones diplomáticas en el extranjero.
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