Madrid, 28 sep.- El Gobierno ha decidido hoy no subir la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los consumidores domésticos, pese a que el resultado de la subasta que fija la parte correspondiente al coste de la energía apuntaba a un incremento en torno al 6 %.
Para poder congelar el recibo, el Ejecutivo bajará la otra partida que compone la tarifa, los denominados peajes de acceso, que sirven para retribuir las actividades reguladas (uso de redes, primas a las energías renovables, entre otros conceptos) y donde existe un déficit: los ingresos por esta partida no son suficientes para cubrir los costes.
La patronal eléctrica Unesa ha advertido de que la decisión aumenta ese déficit y es un engaño a los consumidores, ya que lo pagarán más adelante.
Por el contrario, las asociaciones de consumidores han valorado la medida, aunque mostraron sus reservas sobre el método de subasta para fijar el precio de la energía.
La OCU ha señalado que congelar la luz es "lo normal y lógico", pero reconoce que "supone dejar pendiente la subida para el futuro", mientras que desde CEACCU apuntan que una nueva subida sería inasumible para la mayoría de las familias y muestran sus dudas sobre el sistema de cálculo del precio de la energía, al igual que ha expresado ASGECO.
En el ámbito político el PP ha afirmado que la decisión del Gobierno le parece bien, ya que los ciudadanos no están para un nuevo incremento.
El sistema eléctrico arrastra desde hace una década el denominado déficit tarifario, un desfase entre ingresos y costes que supera ya los 22.000 millones de euros y que está reconocido como una deuda de los consumidores con las eléctricas.
El déficit acumulado se coloca en el mercado con el aval del Estado y lo pagan los consumidores poco a poco mediante el propio recibo de la luz en los años siguientes de producirse con gastos de gestión y los intereses generados por su colocación en los mercados.
Desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reconocen que congelar la luz es una "decisión política" y afirman que no incrementará el déficit de 2011.
La mayor parte de los consumidores domésticos (unos 20 millones) paga la denominada tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que es la única que fija el Gobierno. Esta tarifa se compone de dos elementos: el coste de la energía, que se fija mediante subastas en el mercado eléctrico, y los peajes de acceso.
En la subasta de ayer, el coste de la energía subió más de un 10 %, lo que se debería traducir en un aumento de la tarifa que paga el consumidor de entre el 5,9 % y el 6,1 %.
Al no trasladar este incremento a la tarifa, el Gobierno, que inicialmente había propuesto congelar los peajes, debe ahora bajarlos, lo que puede dificultar el cumplimiento de los objetivos anuales de déficit (3.000 millones para 2011 y 1.500 millones para 2012).
En Unesa opinan que no se pueden bajar los peajes sin que se genere más déficit, a no ser que se dejen de pagar otras partidas y advierten de que esta decisión puede conllevar una ilegalidad, al superarse el límite previsto de déficit para este año.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) hizo ayer un movimiento de ida y vuelta. En un primer momento incluyó en el informe sobre la propuesta de peajes de Industria una advertencia sobre los riesgos de usar este componente para compensar los aumentos del coste de la energía.
Sin embargo, posteriormente se limitó a reiterar que ante el problema del déficit es necesario introducir "medidas regulatorias" sobre los costes "para garantizar la sostenibilidad económica del sistema (eléctrico) en el corto plazo".
Al igual que Unesa, que advertía de que el déficit fijado para este año se puede superar.
En 2011 ha habido dos subidas de la luz, del 9,8 % en enero y del 1,5 % en julio y se ha congelado otras dos veces, en abril y ahora.
En abril el precio de la energía salido de la subasta descendió un 10 %, pero el Gobierno no trasladó la rebaja a la tarifa y aprovechó para subir los peajes y contener el déficit de tarifa.
Con este objetivo, el Ejecutivo también ha aprobado varias normativas que recortan las primas que reciben las energías renovables. EFE
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