El Gobierno convierte la Ley de Economía Sostenible en un cajón de Sastre

Aquí cabe todo. Lo mismo se pone límites a la retribución de los directivos que se crean nuevas figuras societarias, llamadas empresas mixtas, y dirigidas a salvar el sector español de la construcción.

La Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros aprobará hoy, bajo la promesa de cambiar el modelo económico español, en realidad es un cajón de sastre donde cada ministerio ha ido colando los puntos que tiene pendientes.

Según ha podido confirmar lainformacion.com con fuentes próximas al Gobierno, junto al fondo de 20.000 millones que el Ejecutivo prevé levantar para girar las finanzas estatales hacia la investigación, el desarrollo sostenible y las energías limpias, entre otros puntos, también se han incluido polémicos puntos.

- Sociedades Mixtas: Esta nueva figura, defendida por el Ministro de Fomento, José Blanco, va dirigida a impulsar la financiación privada de obra pública y, así, conseguir levantar los cimientos del derruido sector constructor.

Las diferencias entre Hacienda y Fomento hicieron que este punto se cayera, en el último momento, de la reciente normativa de financiación público-privada. Entre otros motivos, porque la cartera defendida por Elena Salgado teme que este tipo de sociedades disparen todavía más la deuda pública española.Las sociedades mixtas consisten en crear empresas donde una parte del capital lo aportan entidades privadas, y la otra, el Estado, fundamentalmente a través de compañías públicas.El problema radica en qué porcentaje del capital debe aportar cada uno para impedir que Bruselas lo considere deuda pública.

Alberto Ruiz Gallardón, actual alcalde de Madrid, ya intentó en el pasado dos movimientos similares con las sociedades que creó para ampliar el metro (Mintra) y para remodelar la M-30 (Calle 30). Y en sendos casos Europa le obligó a apuntarse la deuda.

- Retribuciones de los directivos: La polémica internacional desatada en torno a los multimillonarios incentivos de muchos directivos, especialmente del sector financiero, ha llevado los Gobiernos de todo el mundo a plantear medidas para terminar con estos abusos.

El Gobierno español está a favor de limitar las retribuciones de los directivos de las sociedades que reciban ayudas públicas. Pero también parece dispuesto a regular los incentivos y el variable, los famosos bonus, para ligarlos al medio plazo y a objetivos claramente medibles.

Aunque el supervisor de la bolsa (CNMV) todavía está trabajando en una reforma del actual Código de Buen Gobierno, donde se enmarca también el tema de las retribuciones de los directivos y consejeros, el Gobierno pretende dar hoy un golpe de efecto, incluyendo en la Economía Sostenible los cimientos de una nueva normativa para los salarios multimillonarios.

- Independencia de los supervisores: Desde que Manuel Conthe, ex presidente de la CNMV, dimitiera de su cargo en medio de la polémica y politizada guerra empresarial que hubo por tomar el control de Endesa, el Gobierno tiene pendiente establecer un nuevo modelo que confiera mayor independencia a este organismo.

Hasta ahora, el Ejecutivo es quien tiene el poder para nombrar al presidente de la CNMV. El objetivo es que esta potestad recaiga sobre el Parlamento, lo que exigiría el acuerdo de varios grupos políticos.

También se va a modificar el papel de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El objetivo, además de concederles mayor independencia frente al Gobierno, es estrechar lazos entre todas ellas, de manera que actúen de manera más coordinada y se eviten duplicidades e incoherencias en materia de competencia.

Hasta el último momento también va a estar en juego la posibilidad de crear una Comisión del Mercado de Transporte, que podría integrarse dentro de Correos y crear dos organismos separados.