El Gobierno crea el delito penal para los políticos que malgasten el dinero público

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un anteproyecto de reforma del Código Penal que incluye desde la tipificación como delito penal para los responsables de las administraciones públicas que falseen las cuentas públicas hasta la ampliación de la prescripción del delito fiscal de cinco a diez años.

Por su parte, las penas por el mismo delito pasan del uno a cinco años actual a seis como máximo.

El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. También se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.

De la misma manera, durante la tramitación del delito se podrán cobrar los ingresos pendientes para evitar alzamientos de bienes y la Administración no tendrá que parar una investigación porque haya proceso penal.

Por último, se da una mayor operatividad en los supuestos de tramas al no ser necesario esperar al transcurso del año cuando se defraude más de 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar el hecho como delito fiscal.

Del mismo modo, y como tercera pata de la serie de medidas relacionadas con nuevos delitos, el Gobierno también retocará la regulación en materia de fraude laboral.

Volviendo al principio, y según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha cumplido su palabra de incluir en el Código Penal el falseamiento de las cuentas públicas por parte de los responsables políticos.

En concreto, se tipifica la mala gestión y se contempla la inhabilitación de hasta diez años del responsable.

Y, en tercer lugar, Sáenz de Santamaría también ha anunciado que se reformará la normativa respecto al fraude laboral.

En esta línea, se endurecen las penas máximas por defraudar a la Seguridad pasando de cinco a seis años y se pretende la ampliación del período de prescripción de cinco a diez años de los supuestos delictivos más graves, como, por ejemplo, las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública.

Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación, que pasa de 120.000 euros a 50.000 euros, y se incluye dentro de esa cuantía toda la deuda no prescrita. También se sancionan penalmente aquellos casos de defraudación dolosa en prestaciones de Seguridad Social que causen un perjuicio grave al patrimonio de la Seguridad Social, introduciendo un nuevo apartado 307.ter.

Por otra parte, se plantea la modificación del Código Penal para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo.

Por último, se modifica la redacción del artículo 398, relativo a la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, que se considerarán delitos de falsedad documental, y se introduce un nuevo delito que tipifica los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando de este modo se crea un peligro para el patrimonio público administrado.

La especial trascendencia de los bienes jurídicos protegidos (los derechos de los trabajadores y los recursos económicos de la Seguridad Social) motivan las modificaciones propuestas del Código Penal en relación con los delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, siempre según recoge la referencia oficial del Consejo de Ministros.