Madrid, 2 feb. El Gobierno quiere contar este mismo año con un nuevo sector financiero, y para ello ha dado cuatro meses a las entidades para anunciar fusiones, y un mínimo de un año para sanear sus activos inmobiliarios con 50.000 millones de euros.
El objetivo de la nueva reforma financiera que aprobará mañana el Consejo de Ministros, según ha afirmado hoy el titular de Economía, Luis de Guindos, es claro: lograr en poco tiempo un "sector más saneado y mejor dimensionado" que pueda volver a dar crédito.
El punto de partida, según ha dicho, no es fácil, pues el sector cuenta en su balance con una cartera de activos inmobiliarios problemáticos de 175.000 millones de euros, a lo que se une otra de 148.000 millones de créditos que a día de hoy no da problemas, pero que lo puede dar en el futuro.
La intención de esta reforma es actuar sobre las dos partidas. Así, por ejemplo, el suelo que tiene la banca, independientemente de si es rústico o urbanizable, de su ubicación, habrá que dotarlo al 80 por ciento, frente al 31 por ciento actual.
De igual manera, las promociones en curso se dotarán al 65 por ciento del total de crédito concedido (un 27 por ciento en la actualidad), y las que están terminadas y las viviendas adjudicadas al 35 por ciento (un 25 por ciento en la actualidad).
En previsión de que el entorno económico puede empeorar en el futuro, el equipo económico ha impuesto también una provisión del 7 por ciento para los créditos "sanos", por los que ahora no había que apartar ni un euro.
El plazo para realizar estas dotaciones es de un año, salvo que las entidades entren en un proceso de fusión o lo hayan iniciado en los últimos cinco meses (como ha ocurrido con el Popular y el Pastor, o con el Sabadell y la CAM), en cuyo caso contarán con dos ejercicios.
Esta regulación financiera, según ha indicado el ministro, tendrá dos efectos claros. El primero es que facilitará que la banca saque al mercado las viviendas que posee a precios más baratos tras haber realizado estas provisiones.
El segundo efecto, muy deseado por el Gobierno de Mariano Rajoy, es que las entidades que no puedan soportar el nuevo esfuerzo de saneamiento se fusionen.
"Lo que se pretende es mejorar la confianza y la credibilidad del sistema bancario español, a través del saneamiento de los activos inmobiliarios, la consolidación de las entidades no viables, y la incorporación de un mejor gobierno corporativo".
El Ejecutivo impulsará con ayudas las fusiones, aunque las operaciones tendrán que hacerse con premura. Deberán anunciarse antes del 31 de mayo, y el Gobierno deberá dar su visto bueno antes de un mes.
Para lograr su aprobación, la entidad fusionada deberá aumentar al menos un 20 por ciento su tamaño (un 10 % bajo determinadas condiciones), y comprometerse a incrementar la concesión de créditos.
Además, deberán asumir unas normas de buen gobierno, relacionadas entre otros aspectos con la remuneración de los altos directivos.
De hecho, Economía acaba de recibir un informe del Banco de España con recomendaciones sobre las retribuciones en el sector, que se incorporará al Decreto Ley de la reforma financiera.
Las entidades que se fusionen también podrán solicitar financiación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará de tener un capital de 9.000 a 15.000 millones de euros gracias a una aportación del Tesoro Público.
El ministro ha insistido en que este apoyo no supondrá una inyección de dinero público, y que por lo tanto no costará recursos al contribuyente.
Será un préstamo a precios de mercado, que se ejecutará mediante la compra, por parte del FROB, de unos títulos de renta fija emitidos por la entidad que se pueden convertir en acciones, y denominados bonos convertibles contingentes (CoCos, en el argot financiero).
En su relato de la travesía a las que se enfrentan los bancos y cajas españolas, De Guindos no ha querido dar los nombres de las que podrán saldarla en solitario y las que se verán abocadas a una fusión.
"No sé cuantas entidades van a quedar. Pero sí sé que serán más sólidas y estarán más saneadas", ha apuntado.
Desde la patronal bancaria AEB, se afirma que la reforma que ha planteado el Gobierno "es acertada, siempre que ello suponga la resolución de las entidades más débiles e inviables en este proceso".
BFA-Bankia, la primera entidad en reaccionar, ha dicho que cumplirá los nuevos requisitos sin necesidad de recurrir a fondos públicos. EFE
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