El Gobierno da el primer paso para construir el Almacén Centralizado de residuos nucleares

  • Madrid.- El Ministerio de Industria ya tiene luz verde para convocar el concurso entre los municipios interesados en albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y su Centro Tecnológico Asociado, unas instalaciones que se construirán en cinco años y costarán 700 millones de euros.

El Gobierno da el primer paso para construir el Almacén Centralizado de residuos nucleares
El Gobierno da el primer paso para construir el Almacén Centralizado de residuos nucleares

Madrid.- El Ministerio de Industria ya tiene luz verde para convocar el concurso entre los municipios interesados en albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares y su Centro Tecnológico Asociado, unas instalaciones que se construirán en cinco años y costarán 700 millones de euros.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha hecho este anuncio en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que hoy ha analizado un conjunto de modificaciones legislativas sobre energía y seguridad nuclear que pretenden "dar más transparencia y estabilidad" al sector.

En cuanto al futuro emplazamiento del ATC, De la Vega ha avanzado que "unos cien" municipios ya se han interesado por este proyecto cuya construcción dará empleo a unas 300 personas cada día.

La construcción del ATC se hará en tres etapas: una primera de cinco años en la que se construirá el edificio de almacenamiento y un parque tecnológico; una segunda, con más instalaciones que estará disponible seis años después del inicio de la explotación del almacén, y una tercera, que funcionará 14 años después.

De la Vega ha destacado que el ATC, que guardará unas 2.700 toneladas de residuos de alta intensidad procedentes del combustible de las centrales, permitirá centralizar estos desechos de una manera "segura y económica", además de contribuir a "impulsar la zona del emplazamiento y a generar empleo e inversiones tecnológicas".

Por otra parte, el Gobierno ha reformado varios aspectos de la Ley de Energía Nuclear, que establece nuevas definiciones sobre seguridad nuclear, vida de diseño y vida útil de las centrales, fija en 40 años el periodo de funcionamiento ordinario de estas instalaciones y establece la titularidad única de las autorizaciones de explotación de una instalación nuclear.

En concreto, el texto mantiene en 40 años el periodo de funcionamiento ordinario de las centrales -previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear-, aunque permite extender ese plazo de manera "extraordinaria".

En cuanto a las definiciones, el texto especifica que "vida de diseño" es el intervalo de tiempo durante el que se espera que una instalación se comporte conforme a la especificación técnica de construcción, mientras que "vida útil" es el intervalo de tiempo que transcurre desde que una instalación empieza a funcionar hasta que se retira definitivamente del servicio.

De acuerdo con las características del parque nuclear español, todas las centrales nucleares (salvo Garoña) estarán sujetas, al menos, a una renovación ordinaria más.

Por tanto, la utilización del procedimiento extraordinario, en su caso, no tendrá lugar hasta el año 2021, precisa la referencia.

Por último, la última modificación estudiada hoy por el Consejo establece que la titularidad de la autorización de explotación de una instalación nuclear será única -una reforma justificada porque en España el régimen de titularidad se concede a los copropietarios de la instalación nuclear-, lo que contribuirá a aumentar la transparencia de las inversiones en estas centrales y redundará en una mayor seguridad de las instalaciones, según De la Vega.

Por último, el Consejo de Ministros ha revisado algunos de los elementos básicos del actual régimen jurídico sobre responsabilidad civil nuclear, para adaptarlo a los Convenios de París y Bruselas.

El paquete de reformas estudiado hoy incluye también el anteproyecto de responsabilidad civil nuclear, que eleva a 1.200 millones de euros la cifra que debe ser cubierta por los titulares de estas instalaciones en caso de accidente, y que amplía el concepto de daño nuclear por daños medioambientales.

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