Todo parece ir sobre la seda en Madrid y también en Bruselas en lo que respecta a los planes económicos del Gobierno para el próximo ejercicio. Así lo transmiten al menos los representantes del gabinete de Pedro Sánchez que se acercan a los medios. La última en hacerlo, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, quien será, precisamente, la encargada de defender las cuentas en las instancias comunitarias. Pero no teme a la reacción y se ha mostrado "muy optimista" sobre la posición que adoptará la Comisión ante el borrador presupuestario enviado el lunes.
Antes de entrar en el Pleno del Congreso, Calviño ha explicado que el plan del presupuesto está en línea con la normativa comunitaria, y ha dicho que "lo normal" es que la Comisión Europea envíe una carta al Gobierno para instarle a que le remita el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, así como cualquier otra medida que pueda ser relevante. Calviño dijo ayer en el Senado que esta carta llegará en los próximos días y aludió a que el Gobierno podría enviar también los proyectos de Ley que estuvieran relacionados con los Presupuestos, como los relativos a la creación de nuevos impuestos.
Todo esto, después de que fuentes del Gobierno explicasen anoche a Ep que el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha trasladado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, una "impresión muy positiva" de los Presupuestos. Fue durante una reunión que ambos han mantenido antes de la cumbre de líderes europeos del miércoles, según ha señalado Moncloa.
Dichas fuentes han explicado que el encuentro ha durado entre 20 y 30 minutos y se han abordado el presupuesto español y las perspectivas económicas. El jefe del Ejecutivo comunitario le ha trasladado que la primera impresión ha sido "positiva" con respecto a otras, en clara alusión al caso de Italia.
El Gobierno envió el pasado lunes su plan presupuestario para 2019, que recoge un objetivo de déficit para el próximo año que es cinco décimas superior al objetivo de déficit público acordado entre España y Bruselas (1,8% del PIB frente al 1,3% fijado). Bruselas, sin embargo, no ha tomado todavía ninguna decisión sobre el presupuesto español y dará su opinión formal sobre el borrador a finales de noviembre, en principio en la semana que comienza el lunes 19.
El análisis de Bruselas en el caso español se centrará en el ajuste estructural establecido en la senda de consolidación pactada, que obliga a España a realizar un esfuerzo equivalente al 0,65% del PIB. El Gobierno ya anunció hace meses que utilizaría la flexibilidad que permiten las reglas fiscales europeas para reducirlo al 0,4%.
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