El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles echa un jarro de agua fría sobre las esperanzas de miles de trabajadores temporales y empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo o han visto reducida su actividad laboral con motivo del estado de alarma impuesto para frenar la pandemia del coronavirus. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunciaba el martes durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros sendos subsidios extraordinarios para estos colectivos, que sin embargo no serán de aplicación inmediata.
Al contrario, los beneficiarios de estos nuevos subsidios, tanto los trabajadores cuyos contratos eventuales hayan finalizado después del 14 de marzo como las empleadas del hogar que hayan dejado de prestar sus servicios total o parcialmente por la crisis sanitaria, tendrán que esperar todavía unas semanas para poder solicitar estas ayudas económicas, tal y como revela la letra pequeña del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
En concreto, el texto legal publicado en el BOE especifica, en su disposición transitoria tercera, que "el Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el procedimiento para la tramitación de solicitudes, que determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación". Es decir, que el Sepe tiene hasta el próximo 1 de mayo para diseñar los procesos internos, los formularios y todo el sistema de tramitación de estos subsidios extraordinarios, que casi con total seguridad no empezarán a abonarse hasta el mes de junio, tal y como avisan fuentes del Sepe.
El principal problema en estos momentos es que las oficinas de empleo están desbordadas por la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y no dan abasto ni siquiera para tramitar estas prestaciones que, en principio, deberían aprobarse de manera automática. Es tal el volumen de solicitudes, de cientos de miles de empresas con millones de trabajadores afectados, que en instrucciones internas a las que ha tenido acceso La Información el Sepe ya admite que "el pago de las prestaciones puede demorarse" y en conversaciones privadas los funcionarios ponen en duda que los afectados por ERTE vayan a cobrar sus nóminas el 10 de abril, como garantizó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Este colapso en las tramitaciones de los ERTE y sus correspondientes prestaciones por desempleo tiene trabajando "a destajo" a los funcionarios, según admitió la propia ministra, y en esta situación en la que además muchos están teletrabajando, con equipos reducidos en las oficinas a puerta cerrada, y no disponen en sus casas de los sistemas necesarios para la realización de muchos trámites, tal y como admiten a este medio, los nuevos subsidios suponen una carga de trabajo adicional que difícilmente pueden asumir durante estas semanas. Ante este atasco, las entidades bancarias incluso se han lanzado a adelantar a sus clientes los pagos de las prestaciones por desempleo, en una iniciativa de las asociaciones AEB, CECA y UNACC en colaboración con el Sepe.
Por eso el Gobierno ha dado al Sepe un plazo de un mes para diseñar los procedimientos que deberán seguirse para solicitar y tramitar los nuevos subsidios, que llegarán tarde para muchos de los afectados que ya han visto extinguirse sus contratos y están ahora mismo en situación de desempleo y con pocas opciones de encontrar un nuevo trabajo en la actual situación de paralización de toda la actividad económica no esencial. Todos ellos tendrán que esperar a que el Sepe se descongestione y pueda centrar esfuerzos en estas nuevas tareas.
Este aplazamiento permite al Ejecutivo, además de ganar tiempo para el diseño de estos subsidios extraordinarios, retrasar la factura y dividir el coste milmillonario de todas las medidas que se están adoptando y que afectan a los recursos del Sepe en varios meses. Ya en abril "el aluvión de ERTE sin precedentes va a suponer un desembolso estratosférico en prestaciones de paro", advierten fuentes sindicales. De hecho, para hacer frente a este descalabro económico, el Gobierno va a tirar incluso de los ingresos de las cotizaciones por formación profesional para financiar prestaciones por desempleo. Además, ayer se acordó la distribución de más de 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas para políticas activas de empleo. Se trata del 90% de los fondos públicos, en un contexto de "enorme dificultad" en el que el Ministerio de Trabajo "no sabe cuánto será capaz de recaudar", señaló Díaz.
Y ello a pesar de que los dos nuevos subsidios aprobados, aunque facilitan el acceso sin exigir periodos de cotización mínimos, son en sí bastante restrictivos para evitar que la factura total se dispare. El subsidio para las empleadas del hogar tiene el hándicap de que muchas están en la economía sumergida y, por tanto, no van a beneficiarse de esta ayuda. Mientras, la prestación para los parados que tuvieran contratos temporales se establece solo para aquellas relaciones contractuales que tuvieran una duración mínima de dos meses, lo que deja a muchos fuera, ya que la duración media de los contratos temporales en España es de 49 días. En el Real Decreto-ley el Gobierno justifica que esta limitación "permite identificar la existencia de una expectativa profesional y excluye por tanto las relaciones contractuales esporádicas".
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