El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya puede esgrimir sus cuentas para defender su política de "justicia social". En concreto, el gasto así considerado presupuestado para 2019 ascenderá a 209.510 millones de euros y representa el 57,3% del total, y supone un incremento de 12.599 millones respecto a 2018.
Según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que presenta en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el gasto en Dependencia incluye la recuperación del convenio especial para cuidadoras no profesionales y el abono por parte del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que beneficiará a 180.000 personas.
El incremento en el gasto social es el mayor crecimiento desde 2009, según afirma Hacienda, que en el resumen ejecutivo del libro amarillo destaca iniciativas como la subida del 1,6% de las pensiones generales, y del 3% de las mínimas y no contributivas, así como la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas con bajo nivel de renta.
En el ámbito de la dependencia se mejoran las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado, de manera que se incrementan los recursos del programa de Autonomía Persona y Atención a la Dependencia en 831 millones de euros. En materia de Educación se incrementa en 150 millones de euros la partida destinada a becas y se destinan otros 50 millones para material escolar gratuito en las etapas obligatorias.
Asimismo, se inicia el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y se elevan las ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social en 25 millones de euros.
Por otra parte, y también en la partida de gastos, los Presupuestos destinarán 670 millones de euros al Plan de Choque por el Empleo Joven con la finalidad de que esta partida aumente hasta los 2.000 millones de euros en 2021. Además, los Presupuestos de 2019 incrementan las partidas de becas en un 10 %, hasta alcanzar el nivel más alto de la democracia -afirma Hacienda- con 1.620 millones de euros.
Se habilita a las Comunidades Autónomas a reducir las tasas universitarias a niveles anteriores a las subidas de precios registradas en 2012. El presupuesto incide en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, un incremento del 22,3%, con el fin de que pueda alcanzar los 1.000 euros por convenio en 2020
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