Uno de cada cuatro contratos temporales que se firman en España tienen una duración igual o inferior a una semana. El fenómeno siempre ha sido muy característico en el mercado de trabajo doméstico - marcado por una fuerte estacionalidad en las actividades más intensivas en mano de obra - pero se ha exacerbado en los últimos años hasta alcanzar límites que el actual Gobierno considera ya intolerables.
El Ministerio de Trabajo ha decidido tomar cartas en el asunto y ha llevado a la mesa de diálogo con empresarios y sindicatos una propuesta para desincentivar el uso de este tipo de contratos por la vía habitual en estos casos: encarecer su coste para las empresas, según han asegurado a La Información fuentes del diálogo social.
El planteamiento que el Ministerio ha trasladado a los agentes sociales pasa por un incremento del recargo del 36% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes que actualmente ya 'pesa' sobre esta clase de contratos de corta duración, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy así lo decretara en octubre de 2015.
El entonces denominado Ministerio de Empleo, que dirigía Fátima Báñez, justificó la medida por la necesidad de evitar la utilización abusiva de esta modalidad de contratación en un contexto en el que España volvía a crecer a buen ritmo y la creación de empleo despuntaba, como suele ser habitual en este país, por el lado de la contratación temporal.
Las estadísticas oficiales que con regularidad mensual actualiza el Ministerio de Trabajo revelan que la medida no fue precisamente eficaz. Si en 2015 se firmaron poco más de cuatro millones y medio de contratos con una duración igual o inferior a una semana, el año siguiente esa cifra superaba ya los cinco millones y dos años después rebasaba ya los cinco millones y medio en una espiral incontenible. En ese periodo, el porcentaje de contratos de menos de una semana sobre el conjunto de contratos temporales firmados en España aumentó del 24,7% al 25,9%.
La aparente falta de éxito de la maniobra arbitrada en 2015 no parece haber hecho mella en el Ejecutivo, que está decidido a actuar en la misma línea elevando - al parecer hasta el entorno del 40%, aunque este extremo no ha podido ser confirmado con el Ministerio de Trabajo - la penalización aplicada sobre las cuotas que pagan las empresas por estos contratos de duración determinada.
Lucha contra la precariedad
La iniciativa del Gobierno se enmarca en la ofensiva que el Ministerio de Trabajo abrió justo antes del verano contra la precariedad laboral y la contratación fraudulenta, que le llevó a lanzar la Inspección a chequear los contratos de un día o el encadenamiento irregular de contratos de corta duración para enmascarar una relación más permanente.
La firma masiva de contratos de menos de una semana ha sido señalado como uno de los principales indicadores de la precariedad del mercado de trabajo. Las estadísticas oficiales revelan que se trata de un fenómeno que se concentra de forma muy particular en la hostelería y la realización de actividades artísticas y lúdicas, segmentos con un componente estacional muy fuerte. La incidencia de este tipo de contratos llega, de hecho, al 70% en la temporada estival.
Los sindicatos han reclamado repetidamente un mayor control sobre este tipo de contratos, fijando un tope al típico encadenamiento de los mismos y garantizando la aplicación del recargo establecido en la ley, que se puede evitar en algunos casos mediante la anulación del contrato durante el periodo de prueba del mismo.
También han solicitado la eliminación de las excepciones a la aplicación de dicho recargo del 36%, que alcanzan según la norma aprobada en 2015 a los socios de cooperativas, a los trabajadores enmarcados en el Régimen Especial Agrario y también al convenio especial de artistas, precisamente uno de los colectivos donde más se ceba este tipo de contratos, con cerca de un 48% de incidencia media sobre el conjunto de la temporalidad.
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