El Gobierno luso subraya que el país "no está parado" pese a la huelga

  • El Gobierno conservador luso rehusó cuantificar el seguimiento de la huelga general de hoy en Portugal, pero subrayó que "el país no está parado" y ensalzó a quienes acudieron a su puesto de trabajo.

Lisboa, 27 jun.- El Gobierno conservador luso rehusó cuantificar el seguimiento de la huelga general de hoy en Portugal, pero subrayó que "el país no está parado" y ensalzó a quienes acudieron a su puesto de trabajo.

El ministro de la Presidencia, Luís Marques Guedes, en declaraciones a los periodistas después de la reunión del consejo de ministros habitual de los jueves, consideró que la incidencia de la protesta es limitada.

Sin embargo no dio cifras ni estimaciones sobre la adhesión, como ya ocurrió en las otras tres huelgas generales que ha sufrido el Ejecutivo portugués desde que asumió el poder hace dos años.

"El Gobierno no va a entrar en una guerra de números", aseveró el ministro al ser interrogado sobre los datos de participación avanzados por las centrales sindicales, que hablan de cerca de un 80 % de seguimiento en áreas como los transportes, la recogida de basuras, la sanidad o algunas industrias.

En opinión del ministro, revelar cifras oficiales "sería una falta de respeto" tanto para quien trabajó como para el que hizo huelga.

El titular de Presidencia recordó que la huelga es un derecho legítimo y reconocido por la Constitución lusa, por lo que el Ejecutivo "respeta" a quienes decidieron no trabajar hoy.

Ayer mismo, el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, dijo en el Parlamento que Portugal "precisa de menos huelgas y más trabajo y rigor", una declaración por la que ha recibido fuertes críticas de la oposición y los sindicatos.

La huelga de hoy, la tercera que convocan juntas las dos centrales sindicales lusas, la comunista CTGP y la socialista UGT, en cuatro décadas de democracia portuguesa, aspira a dar una gran muestra de rechazo a la política de austeridad aplicada en los dos años de rescate financiero de Portugal.

Los sindicatos quieren además que el Gobierno no siga adelante con el programa acordado con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplicar, en los próximos dos años y como parte del memorando del rescate financiero luso, una reforma del Estado destinada a reducir aún más sus gastos, servicios y empleados.

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