El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que contempla la posibilidad de que las 64.000 instalaciones renovables afectadas por el recorte a su retribución, aplicado en la reforma energética que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en 2013, puedan seguir manteniendo el valor actual durante dos periodos regulatorios más, hasta el año 2031.
Así lo explicó la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde indicó que, para acogerse a este beneficio, los responsables de estas instalaciones deben renunciar a los procesos arbitrales o judiciales en marcha, así como a la percepción de las indemnizaciones que se les hayan reconocido, según recoge Servimedia.
Si estas instalaciones no aceptan estas condiciones, a partir del 1 de enero de 2020 su retribución se reducirá del 7,39% al 7,09%, lo mismo que ocurrirá con aquellas instalaciones más modernas que no sufrieron el recorte de 2013.
Actualmente siguen abiertos 45 laudos arbitrales contra España por ese cambio regulatorio, cuyas denuncias se acercan a los 10.000 millones de euros. Además, se han resuelto ya diez en contra de los intereses del país, reconociendo indemnizaciones por valor de 821 millones.
Ribera, tras señalar que, de momento no se ha ejecutado el pago de ninguno, mostró su confianza de que “esta alternativa pueda ser considerada como una medida que mitigue el impacto de esa decisión regulatoria”, así como de que “pueda activar nuevos procesos de inversión”.
El sector, satisfecho
Las principales asociaciones del sector renovable han acogido con satisfacción la noticia. A falta de que la norma sea convalidada por el Parlamento, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) señala que el real decreto-ley es "un gran paso para eliminar la incertidumbre regulatoria" y "volver a la senda de la racionalidad".
APPA recalca que los "sucesivos recortes" a las energías renovables han supuesto una reducción de la retribución del 30% y han provocado un "aluvión de demandas" contra el Gobierno. Además, destaca que la nueva norma evita el "vacío legal" que se hubiera producido el próximo 31 de diciembre con el final del periodo regulatorio.
Según APPA, al fijarse la tasa de rentabilidad razonable para los próximos doce años se proporciona certidumbre a las inversiones y se da visibilidad a los ingresos futuros del sector.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la nueva norma "merece una valoración positiva" ya que "persigue garantizar un marco regulatorio y económico estable". En su opinión, el real decreto-ley aprobado hoy "supone una medida importante para afianzar la seguridad jurídica" y "una base fundamental para construir la confianza de los inversores".
La AEE subraya que la energía eólica, al igual que el resto de las energías renovables, "precisa de una planificación energética con los distintos actores alineados que proporcione una seguridad regulatoria y retributiva".
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) cree que el real decreto-ley aporta estabilidad a los inversores en instalaciones fotovoltaicas que "acumulaban diez años de agresivos recortes retroactivos". Anpier destaca que la nueva norma evitará que los inversores se expongan a un recorte adicional de la retribución del 20% a partir del próximo 1 de enero.
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