El Gobierno negocia que el rescate a la banca se haga a través del FROB, pero sin computar como deuda pública

  • El Gobierno negocia con Eurostat permitir que la inyección de hasta 100.000 millones que se dará al Fondo de Rescate español para sanear la banca contabilice fuera de las cifras del Estado, como hacen algunas sociedades públicas, como Adif. Este sistema actuaría como cortafuegos para evitar que los problemas financieros sigan golpeando a la deuda soberana.

La CE apoya que se recapitalice la banca directamente, pero lo ve imposible
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Ruth Ugalde

Un atajo. Ésa es la solución que cree haber encontrado el Gobierno español para conseguir que el rescate a la banca se lleve a cabo sin perjudicar a las cuentas públicas.
¿Se trata de un rescate directo al sector financiero? No exactamente, pero sí en el fondo. La jugada es la siguiente.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a que la inyección de hasta 100.000 millones de euros que Europa concederá a las entidades se articule a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). De este modo, el Estado es quien controla junto a Europa toda la limpieza del sector financiero, ya que una ayuda directa a la banca deja al Gobierno fuera de juego.

El problema es que, en principio, esta fórmula dispara la cifra de endeudamiento del país, porque esos 100.000 millones debe anotárselos España, algo que los mercados están castigando con fuerza en los mercados soberanos, al haber disparado la rentabilidad del bono a diez años por encima del 7%, con la prima de riesgo en 550 puntos básicos.

Pero existe una fórmula para evitar que España se anote este agujero y ésta consiste en que Eurostat acepte que no se trata de unos compromisos del Estado, sino del sistema financiero, y por tanto, permita no tener que contabilizar esta ayuda como deuda pública.

El ejemplo de Adif

Se trata de un diseño similar al que se articula para evitar que los compromisos financieros de empresas como Adif -sociedad pública que construye todas las infraestructuras ferroviarias de España- computen déficit y vayan contra las cuentas nacionales.

Por ejemplo, en este caso, el criterio de fondo para cumplir los requisitos de Eurostat consiste en demostrar que la propia operativa de la sociedad es la que permite devolver el dinero, y esto es así porque los operadores ferroviarios pagan por circular por las vías de Adif.

En el caso del FROB, la letra pequeña de cómo se justificará el cumplimiento de esta máxima es la clave para recibir el visto bueno de Bruselas, pero fuentes próximas a Moncloa aseguran que está prácticamente cerrada y que el objetivo es darla a conocer en la cumbre que se celebrará los próximos 28 y 29 de junio.

Las mismas fuentes señalan que los únicos riesgos que podría entrañar para el Estado la ayuda a la banca vendrían por el lado de los impagos, ya que si éstos llegaran a producirse sí que impactarían en la deuda.

También pueden afectar a las cuentas del Estado el pago de los intereses, aunque aquí todo es un interrogante, ya que dependerá tanto de cómo se inyecte el dinero como del plazo de pago de los intereses y de cuando se devuelva la ayuda.

Dos tipos de rescate

Por una parte están las entidades que serán nacionalizadas y, por tanto, cuyo nuevo dueño será en FROB. Éste es el caso de Bankia, NovacaixaGalicia, Cataluña Caixa y Banco de Valencia, que necesitarán unos 40.000 millones de euros en conjunto.

Si, finalmente, se cierra un tipo de interés del entorno del 3% anual, deberán pagar cada año unos 1.200 millones por este concepto. En el caso de que sean capaces de generarlos por sí mismas, no hay problema, pero si esto no ocurre, sí tendrá impacto para el Estado. Al menos, hasta que se vendan, se recupere todo el dinero y se devuelva a Europa.

Por otra parte están las entidades que pedirán la ayuda vía cocos -instrumentos que, en el fondo, funcionan de manera parecida a un crédito-. En este caso, el FROB les cobrará unas cantidades superiores a ese 3% -se especula con un 8%-, con las que se saldarán los intereses y, además, el Estado confía en ganar algo de dinero.

Máximo plazo posible

Además, el Ejecutivo sigue intentando que la línea de crédito que le concederá Europa sea al mayor plazo posible, precisamente, para que si finalmente la ayuda es con deuda senior -prioritaria a la hora de cobrar- los actuales bonistas o aquellos que acudan a subastas de bonos hasta diez años no teman por sus inversiones, porque éstas se saldarán antes de que caduque la línea de crédito de Bruselas.

España está pidiendo que ésta sea de 30 años, pero lo dice consciente de que terminará siendo más corta. En el sector financiero se especula con que esté en el entorno de los 15 años, aunque está cifra podría terminar siendo superior.

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