El gobierno obligará a los juzgados a olvidarse del papel en 2016

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla, entre otras cuestiones, que a partir del 1 de enero de 2016 tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a emplear los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia.
Según informó el Ministerio de Justicia, esta obligación se referirá a la presentación de escritos y documentos ante los órganos jurisdiccionales.
Además, en relación a los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, los colegios de procuradores estarán obligados a habilitar los medios necesarios para que pueda garantizarse el envío y recepción de notificaciones electrónicas en todo el territorio nacional.
Justicia explicó que los avances en el desarrollo de sistemas y aplicaciones tecnológicas orientadas a alcanzar una Administración de Justicia digital “van a permitir establecer, entre otras medidas, la posibilidad de que determinados colectivos resulten obligados a utilizar medios electrónicos en la realización de los actos de comunicación”.
Por este motivo, el proyecto legal aprobado este viernes por el Ejecutivo también contempla que los datos de correo electrónico y de número de teléfono podrán ser utilizados para la localización del demandado.
NOTIFICACIONES POR TELÉFONO
Asimismo, se realizarán los actos de comunicación a través del Servicio de Dirección Electrónica Habilitada para los colectivos que resulten obligados y para aquellos otros ciudadanos que, sin estarlo, opten por dicho sistema.
De esta forma, según el departamento que dirige Rafael Catalá, “se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones de la Administración que hasta ahora se reciben en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación”.
Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros aprobó este viernes otro proyecto de ley que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea. Esta iniciativa legal adecúa el número de integrantes, funciones y competencias de la delegación española en este organismo.
Al mismo tiempo, en este segundo proyecto se regulan los conflictos de jurisdicción y las redes judiciales de cooperación internacional y se establece que, por vía reglamentaria, se regulará el régimen jurídico de todo el personal dependiente del Ministerio de Justicia que presta servicios en el exterior.