La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, ha puesto un asterisco a la construcción de cinco corbetas por parte de Navantia para su venta a Arabia Saudí. "Hasta donde yo sé sigue en marcha", ha señalado en su comparecencia en el Congreso, pero ha matizado que tampoco se ha empezado a construir nada y que se tendrá que revisar a fondo el destino del material y si el país importador cumple con la ley: “No vamos a ponerlo en riesgo, pero obviamente la futura licencia va a ser examinada con todo rigor de acuerdo con los parámetros contenidos en el tratado sobre comercio de armas, lo dispuesto en la legislación española y los ocho criterios de la posición común”.
Minutos después, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros también ahondó en la idea de transmitir tranquilidad, aunque sin especificar mucho más sobre el futuro real del contrato. "Tenemos la firme determinación de mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí y mantener los compromisos internacionales y esperamos que Arabia Saudí haga lo mismo". Al mismo tiempo, también dijo que el Ejecutivo socialista defenderá la situación de los trabajadores.
En este mismo sentido, el Gobierno tuvo que aclarar horas después a las agencias de noticias que la decisión anunciada por el Ministerio de Defensa a mediados de semana de anular un contrato para vender 400 bombas a Arabia Saudí es "una declaración de intenciones" de dicho Departamento. Y puntualizó que, como todo armamento que se exporta (también el de Navantia), esta decisión tiene que pasar por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), donde hay representantes de Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria, Hacienda, Interior y Transición Energética.
Estas palabras del Gobierno se producen como respuesta inmediata a la escalada de tensión que se vive desde hace unos días en la Bahía de Cádiz, donde esta mañana un millar de trabajadores han cortado la autovía como medida de protesta ante la posibilidad de que se cancele el contrato para la construcción de cinco corbetas para la armada de Arabia Saudí. Como en los peores momentos de los años de la reindustrialización en la zona en los ochenta y loventa, lo que queda de la que fuera potente industria naval gaditana hace décadas vuelve a la carretera para defenderse.
La secretaria de Estado ha admitido la importancia de mantener un contrato así para miles de empleos en la Bahía de Cádiz y que el Gobierno siempre será sensible a esta situación, pero también ha insistido en que la licencia de exportación definitiva aún tiene que decidirse. Y, a partir de ahí, no se entregaría la primera corbeta hasta 35 meses después. Todo esto, ha aclarado, da tiempo a la Junta Interministerial para decidir si Arabia Saudí cumple sus requisitos como país importador.
Mientras tanto, la tensión no solo crece en el aspecto laboral. La presidenta de la Junta e Andalucía, Susana Díaz, ha expresado hoy su preocupación por el futuro de los astilleros gaditanos: "Hemos trasladado al Gobierno de España que, cuanto antes, tiene que encontrar una solución", ha dicho Díaz en declaraciones a los periodistas en Carcassonne (Francia), donde ha subrayado que se trata del “contrato más importante de los últimos veinte años para Navantia en esta zona".
Según los sindicatos afectados, este contrato asciende a casi 2.000 millones de euros y garantizaría durante 5 años cerca de 6.000 ocupados al año, entre puestos directos e indirectos. En concreto, y según recoge Efe, más de 1.100 serán empleados directos, más de 1.800 empleados de la Industria Auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores.
Este contrato, que se ha estado negociando con el reino de Arabia Saudí desde 2015, supone una carga de trabajo global de alrededor de siete millones de horas para los astilleros de Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y Cartagena y su industria auxiliar, según los datos que facilitó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), en la que se incluye Navantia, tras la firma del contrato.
Por todo ello, cientos de trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) han cortado esta mañana el tráfico de la autovía A-4 para expresar el temor extendido por toda la plantilla después de que esta semana el Ministerio de Defensa confirmara que había iniciado los trámites para dejar de vender 400 bombas a Arabia Saudí. Esta medida se incluye dentro de la decisión del Gobierno español de revisar la venta de armas con Arabia Saudí tras el bombardeo a Yemen que causó la muerte de 51 personas, entre ellos 40 niños.
Sobre este otro contrato, la secretaria de Estado de Comercio no ha querido dar más detalles, a la espera de que el Gobierno o el Ministerio de Defensa aclaren la situación a una información que ha tildado de "infiltración".
El presidente del comité de empresa del astillero de Navantia de San Fernando, Jesús Peralta, ha explicado que ante de las sospechas de la "inminente cancelación" también del contrato de las cinco corbetas el comité de empresa decidió llevar a la asamblea de trabajadores una propuesta de movilización. En la asamblea los trabajadores han decidido llevar a cabo esta mañana otra acción distinta a la propuesta por el comité: cortar el tráfico en la autovía A-4 a la entrada de San Fernando.
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