El gobierno rechaza los argumentos de cataluña contra el decreto de producción eléctrica

El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo que rebate el requerimiento de incompetencia formulado en vía constitucional por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de determinados preceptos del decreto de producción eléctrica de junio de este año.
Este decrero reguló la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Contra esta negativa presentó una iniciativa legal la Generalitat.
En concreto, el requerimiento de incompetencia del Gobierno catalán, que pide la derogación de varios artículos y una disposición final o una redacción distinta de los mismos, se fundamenta en que algunos preceptos invaden la competencia de Cataluña que recoge el artículo 133 de su Estatuto de Autonomía, concretamente la competencia de desarrollo legislativo de las bases del sector energético.
Sin embargo, el Gobierno entiende que el requerimiento debe ser desestimado porque las competencias reconocidas al Estado en el real decreto se amparan en las que reconoce la Constitución en el artículo 149 sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial; y bases del régimen energético y minero.
DE "NATURALEZA BÁSICA"
Además, argumenta que es competencia del Estado regular esta materia “en un régimen económico, armónico y coherente del sector eléctrico”. En este sentido, el Ejecutivo recodó que, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional en la sentencia 148/2011, "la regulación de un régimen económico único para todo el territorio nacional en la materia que nos ocupa tiene naturaleza básica, al ser necesaria esa regulación uniforme para calcular la retribución de los distintos operadores que realizan las diferentes actividades destinadas al suministro eléctrico y para repercutir los costes sobre los consumidores".
Asimismo, sostiene que las características del sistema eléctrico “hacen necesario reservar la competencia al Estado sobre autorización de instalaciones eléctricas en ámbitos superiores al territorio de una comunidad autónoma”.