El gobierno recurrió ante el supremo la cláusula que le obliga a indemnizar por el cierre de castor

El Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo una cláusula del real decreto de la concesión administrativa del proyecto Castor en la que se fija que en el caso de una suspensión o finalización de dicha concesión el almacén pasaría a ser titularidad del Estado, que debería indemnizar al operador.
Así lo explicó este jueves en la Comisión de Industria del Congreso de los diputados el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una comparecencia para informar sobre la situación actual del proyecto Castor.
Dicha cláusula, que para Soria “es lesiva para el Estado”, establece que el operador recibiría el valor neto contable de las instalaciones salvo que obrara de por medio dolo o negligencia del operador, en cuyo caso también se le indemnizaría por el valor residual de la inversión.
Al término de la comisión, Soria aclaró que dicho recurso no se ha presentado ahora, sino que fue una decisión del Consejo de Ministros “que se adoptó hace ya muchos meses”. "Creemos que si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar por nada", apuntó el ministro de Industria.
Este proyecto de la empresa Escal (UTE formada por ACS y la canadiense CLP), tiene un coste total de unos 1.700 millones de euros, según lo revelado hoy por Soria.
Por otro lado, el ministro explicó que los técnicos consultados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre el proyecto Castor no ven procedente extraer el gas colchón inyectado en el almacén subterráneo porque se desconoce como podría afectar esa actuación al equilibrio de la estructura.
Actualmente, en este almacén, ubicado en un yacimiento de petróleo vacío a 1.700 metros de profundidad y 21 kilómetros de la costa frente a Vinaroz (Castellón), descansan 1.214 gigavatios hora de gas colchón, el 17% de la totalidad de gas de este tipo que se preveía inyectar. El gas colchón es necesario en una cantidad mínima para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, dando cabida al gas útil o de trabajo.
En su intervención, el ministro aseguró que la “paralización de la actividad continuará en tanto no se garantice la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones”.
A este respecto, Soria recordó que dicha paralización se produce porque el proyecto está en fase de prueba, por lo que su autorización es provisional, y que se decretó tras detectarse una actividad sísmica por encima de los valores aceptables.
Asimismo, señaló que las conclusiones preliminares de los técnicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico Minero apuntan a que hay relación entre esos movimientos sísmicos y la inyección de gas. También destacó que estos mismos expertos coinciden en que existe un riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro.
En cuanto a la necesidad de esta instalación, Soria considera que se debe realizar un nuevo análisis, ya que la situación ha cambiado con respecto al momento en que se aprobó su creación al ser considerada como necesaria para aumentar la seguridad de suministro.
Según el ministro, el momento actual está marcado por una caída de la demanda de gas y por un exceso de este recurso en los mercados internacionales.