El Gobierno recurrirá al TC el impuesto catalán sobre depósitos bancarios

  • El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado orden a la Abogacía del Estado para que recurra al Tribunal Constitucional el decreto ley del Ejecutivo catalán que incluye la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios, según ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Madrid, 21 dic.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado orden a la Abogacía del Estado para que recurra al Tribunal Constitucional el decreto ley del Ejecutivo catalán que incluye la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios, según ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado que el recurso se basará en el hecho de que un gobierno en funciones no puede adoptar medidas "que vayan más allá de la gestión corriente" y en que no se pueden crear nuevos impuestos vía decreto ley.

"Es una norma de derecho tributario básica", ha dicho la vicepresidenta, que ha insistido en que mediante decreto ley sólo se pueden modificar impuestos ya existentes y hasta donde la propia ley lo permita.

Además, ha advertido a Asturias -aunque sin referirse expresamente a esta comunidad- de que también recurrirá su impuesto sobre los depósitos si finalmente decide aprobarlo dentro de su proyecto de presupuestos para 2013, como ha anunciado el Gobierno del Principado.

Por otra parte, ha recordado que el Congreso aprobó ayer definitivamente el proyecto de ley de medidas tributarias, por el que el Estado se reserva el hecho imponible del impuesto sobre depósitos.

Según ha explicado, se ha hecho así para garantizar "una cierta unidad de mercado", porque podría llegar a darse el caso "no muy lógico" de que dos depósitos en la misma entidad financiera reciban un trato fiscal diferente en función de la comunidad autónoma en que se haya abierto cada uno.

Aunque el impuesto estatal sobre depósitos bancarios se ha creado en principio a tipo cero, la idea del Gobierno es incrementarlo conforme a los compromisos comunitarios y a la normativa europea.

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