El Gobierno se siente fuerte y no quiere que nadie piense que se tambalea la legislatura. Desde luego, el mensaje lanzado durante este domingo por los miembros del Consejo de Ministros que han hablado está claro: hay que dar sensación de firmeza después de la semana más dura desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hace algo más de 100 días. La dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y el revuelo por la tesis del jefe del Ejecutivo han opacado la medida que iba a venderse como primer gran logro del mandato socialista: la exhumación de Francisco Franco. Pero eso, que no se hable de lo que ellos querían que se hablase, es pura estrategia de las derechas, como llaman desde Moncloa a Ciudadanos y Partido Popular.
"Vamos a usar todo el poder", ha subrayado uno de los hombres fuertes de Sánchez, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos este domingo. Desde Valencia, y en otro acto del partido como el de la semana pasada de Sánchez en Oviedo, el número dos de Ferraz ha reivindicado la potestad de seguir gobernando a golpe de decretos porque, como ha señalado, el Parlamento valida a continuación las medidas decididas. Con ello, se refería de forma indirecta al pasado y al futuro: al pasado, por el decreto del Valle de los Caídos; y al futuro, por lo que pueda venir.
Lo que puede venir a corto plazo puede que no resuelva con una simple declaración de intenciones. Por eso, Ábalos ha lanzado un doble mensaje. Por un lado, ha sido duro al proclamar que "no vamos a dudar" cuando se ha referido a continuar con la agenda de "justicia social" que se ha impuesto el gabinete socialista, tras lo que se ha extendido en su discurso en críticas muy agrias hacia Rivera y Casado a raíz de sus reacciones por el caso de la tesis del presidente.
Y, por otro, sabe que tiene que abrirse a la negociación si es que no quiere que la aventura del PSOE se acabe en los próximos meses y se cercene la intención, lanzada hace siete días por Sánchez y hoy mismo por la ministra Batet en una entrevista en 'El País', de culminar un proyecto de largo alcance. "Justicia social para un horizonte de 2030", dijo Sánchez.
"El diálogo no es sinónimo de debilidad", ha señalado hoy Ábalos para no enmendar del todo su mensaje de dureza y contundencia y subrayar a la vez que en democracia hay que negociar para avanzar. "En este camino, vamos a seguir con el diálogo con los grupos parlamentarios, con la sociedad civil, con los agentes sociales o con los económicos", ha añadido a pocas horas de que el presidente se reúna con la élite empresarial para explicarle sus primeros 100 días en el poder y sus intenciones.
Aunque la cita económica que más preocupa al Gobierno actual vendrá el martes, cuando el Pleno del Congreso debata la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Compromís que busca cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y así impedir un veto irreversible del Senado, por parte de la mayoría que ostenta el PP ahora, a la senda del déficit. Porque sin ese margen presupuestario extra, cualquier acuerdo posterior con el resto de fuerzas políticas para diseñar los próximos Presupuestos Generales de 2019 nacería tocado y restringido. Si se quiere una agenda reformista completa que avalen Podemos o los nacionalistas, se hace necesario contar primero con dinero para respaldar las reformas.
El objetivo de la norma es volver al mecanismo que fijó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para que el posible veto del Senado al techo de gasto y la senda de déficit no sea irreversible, sino que pueda ser levantado por el Congreso por mayoría simple. El problema es que este cambio normativo debe hacerse cuanto antes para que dé tiempo a llevar las cuentas en noviembre... y aquí es donde el Gobierno se topa contra mayoría en contra que le cierra el paso. PSOE y Unidos Podemos han pedido que la reforma se tramite por el procedimiento de urgencia y en lectura única, pero esa calificación corresponde tomarla a la Mesa de la Cámara, donde PP y Ciudadanos suman mayoría.
Precisamente el martes, horas antes de la sesión en la que se debatirá la toma en consideración, la Mesa de la Cámara estudiará el escrito de reconsideración que han presentado los promotores de la iniciativa, acompañados del PNV, para que el órgano de gobierno permita que sea el Pleno el que decida sobre esa tramitación exprés. La urgencia implica acortar los plazos a la mitad y la lectura única, solventar todos los debates en un Pleno del Congreso, sin pasar por ponencia ni comisión, informa Ep.
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