El Gobierno se pone serio con los planes de pensiones: más información y control

  • Con el objetivo de proteger los derechos de los partícipes en fondos de pensiones y la estabilidad y la solvencia de dichos productos financieros. 
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante una rueda de prensa. EFE/Archivo
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante una rueda de prensa. EFE/Archivo

El Gobierno ampliará y completará la información que debe facilitarse a los titulares de fondos de pensiones de empleo y a sus beneficiarios y mejorará la supervisión de estos productos, con el fin de proteger los derechos de los partícipes y la estabilidad y la solvencia de dichos fondos.

Estos son algunos de los objetivos de la transposición de la Directiva (UE) 2016/2341 a la legislación española, que debe hacerse antes del 13 de enero de 2019 y que hoy ha sido sometida a consulta pública hasta el 15 de enero de 2018 para recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la misma.

El Ministerio de Economía también ha sometido a audiencia pública, también hasta el 15 de enero, la Circular SFCR con la que se pretende homogeneizar la información que deben ofrecer las aseguradoras para cumplir con los requisitos de Solvencia II.

Según informa Economía en su página web, el anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2016/2341, de 14 de diciembre, sobre las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE), también facilitará que los trabajadores de la Unión Europea puedan trasladar sus fondos de pensiones de empleo entre los distintos países comunitarios.

En cuanto a la Circular, el objetivo es desarrollar el Real Decreto de 2015 sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras (RDOSSEAR) en los aspectos relativos a los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad de los informes sobre la situación financiera y de solvencia que los grupos deben aportar a partir del presente ejercicio.

La norma pretende estandarizar la información que se exige al sector en el marco de la nueva normativa Solvencia II, uno de cuyos pilares es la transparencia.

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