El Gobierno se salta todos los riesgos en las hipotecas de VPO

  • El PSOE ha alcanzado un acuerdo con CiU para modificar las condiciones de los préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida, ampliando del 80% al 95% la cobertura, y su plazo de amortización de 25 a 30 años. Esta medida va en contra de la ortodoxia que predica el Banco de España.
lainformacion.com/Ep

El PSOE y CiU han alcanzado este mediodía un acuerdo en el Congreso de los Diputados para modificar las condiciones de los préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida, que permitirá ampliar del 80% al 95% la cobertura y de 25 a 30 años el plazo de amortización.

Esta medida va en contra de la ortodoxia dictada por el Banco de España, que contempla limitar a un máximo del 80% del valor de tasación el importe de la hipoteca y huir del creciente aumento de los plazos de amortización. De hecho, uno de los factores que colaboró a hinchar la burbuja inmobiliaria fue la ruptura de estos principios.

No obstante, el Partido Socialista ha dado su visto bueno a esta medida, que incluye destinar el suelo y los bienes "infrautilizados" adscritos a los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento, incluidos los entes empresariales, a la construcción de este tipo de vivienda.

Asimismo, plantean que se estudie la elaboración un plan de colaboración público-privada para la creación de un "gran parque" de viviendas de alquiler a precios asequibles e impulsar la transformación de un "elevado porcentaje" del 'stock' en manos de las promotoras para convertirlas en vivienda de alquiler.

Fuentes parlamentarias señalaron a Europa Press que ambas formaciones están ultimando un texto conjunto con un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda sobre la iniciativa que la federación catalana iba a presentar esta tarde ante el Pleno del Congreso.Exención fiscal

Sin embargo, el PSOE no ha aceptado la propuesta de CiU de desarrollar la exención fiscal de todas las ayudas públicas al acceso a la vivienda, incluida la Renta Básica de Emancipación.

Tampoco la de crear un fondo de garantía para que las comunidades autónomas puedan cubrir los impagos de las rentas por parte de personas en situación de vulneración social o de dificultad económica temporal, aunque sí se propone estudiar medidas en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.

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