Los ministerios más implicados con la sentencia de las hipotecas que hoy debate el Tribunal Supremo mantienen un gabinete de vigilancia para reaccionar con rapidez ante el impacto que la resolución final pueda tener sobre los ciudadanos y las entidades financieras. Desde Moncloa se mantienen todas las alertas abiertas por si es necesario soportar el coste que la medida puede suponer para las Comunidades Autónomas, dado que lo más probable es que la decisión establezca una retroactividad de la norma para los últimos cuatro años.
Las últimas estimaciones realizadas desde bufetes y entidades financieras reducen a más de la tercera parte el montante que esos cuatro años de prescripción tendrían para las arcas públicas autonómicas, que serían las primeras que deberían afrontar las reclamaciones de los ciudadanos. Se trataría de una cantidad de entre 1.600 y 2.000 millones de euros, a repartir entre las diecisiete comunidades, en virtud del volumen de hipotecas realizado, normalmente, a partir de la compraventa de viviendas.
Más allá de las cifras y a la espera de fallo final, desde el Ejecutivo contemplan medidas de financiación de ese dinero, vía transferencias, endeudamiento o aportaciones directas de fondos desde la Administración central, justificadas en el hecho de que las administraciones autonómicas no deben demorar la devolución de ese dinero a los ciudadanos que tengan derecho a ello.
Según explican fuentes cercanas al Ejecutivo, serían medidas coyunturales para aplicar desde que se aporte el dinero hasta que se pueda reclamar y, en su caso, litigar con los bancos para exigirles el pago final, como nuevo sujeto pasivo del tributo de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas.
Antesala de las elecciones municipales y autonómicas
El propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha admitido este mismo lunes que desde el Gobierno se soportará lo que haga falta a las comunidades autónomas para que la sentencia se cumpla y no resulten perjudicados los usuarios. Pero desde el Ejecutivo no se han planteado por el momento la batalla judicial que se puede abrir a partir de ese momento con las demandas que las comunidades puede presentar contra los bancos, como nuevos obligados del pago, siempre que se establezca su retroactividad.
Ábalos y otras fuentes del Ejecutivo han señalado en varias ocasiones la necesidad de que la sentencia final que resulte del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo garantice en todo momento la seguridad jurídica y salvaguarde los derechos de los consumidores. Eso supone que desde Moncloa van a vigilar al máximo todos los detalles de la aplicación del cambio jurisprudencial planteado.
La intervención del Gobierno en todo el caso de las hipotecas y el Supremo se produce en pleno periplo electoral en Andalucía, el 2 de diciembre, y en la antesala de las comicios municipales y autonómicos de la primera del año que viene. Fuentes consultadas en el ámbito político han asegurado que la clave electoral va a ser fundamental a la hora de tomar medidas para que los efectos de la sentencia lleguen a todos los contribuyentes, incluso no se descarta que desde el Ejecutivo central articule un sistema que evite que se produzcan colapsos en los tribunales como el de las cláusulas suelo o las preferentes.
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