El Gobierno tratará de aclarar con las comunidades dudas del fondo de reordenación bancaria

Madrid.- El Gobierno aseguró hoy que defenderá la constitucionalidad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante cualquier comunidad autónoma que lo solicite, con el fin de aclarar las dudas sobre el mismo.

En declaraciones a Efe, fuentes gubernamentales aclararon que el Gobierno no duda de la constitucionalidad del FROB y además está dispuesto a resolver las discrepancias que hayan surgido con algún gobierno regional que crea que el decreto ley invade sus competencias en materia de cajas de ahorros.

Las mismas fuentes explicaron que cuatro comunidades -Madrid, Andalucía, Galicia y Cataluña- ya han solicitado al Ministerio de Política Territorial abrir un proceso de diálogo sobre el FROB.

Por ello, el Ejecutivo central convocará comisiones bilaterales, si bien aún no se ha fijado un calendario de encuentros.

Estas declaraciones se hicieron después de que la Comunidad de Madrid anunciara que ese Ministerio comunicará al Tribunal Constitucional antes del 29 de septiembre la celebración de una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid.

Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía o Extremadura han cuestionado la invasión de competencias en materia de cajas de ahorros y han estudiado la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el decreto.

La Comunidad madrileña confía en negociar y llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre los artículos que cree inconstitucionales, mientras que desde el Ejecutivo nacional se matiza que en la comisión se tratará de argumentar la constitucionalidad del texto y debatirlo, lo que no implica que vaya a haber negociación para cambiarlo.

El recurso de inconstitucionalidad iría contra los artículos 7, 8 y la disposición final sexta del real decreto-ley por el que se creó el FROB, ya que en ellos, según las autonomías, se impide que los gobiernos regionales puedan ejercer sus competencias para autorizar un proceso de fusión entre cajas, en el caso de que una de ellas sea intervenida por el Banco de España.

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre considera que se podría ver obligado a asumir una fusión impuesta por el Estado, a través del Banco de España y del FROB, que incluso podría resultar contraria a sus intereses.

Puso como ejemplo que si se produjera una fusión entre una entidad viable y otra que no lo es, la Comunidad en cuyo territorio residiera la primera también perdería su derecho a participar de manera preceptiva en la autorización de la fusión con la entidad en dificultades.

En el real decreto se recoge que el FROB puede contemplar la fusión de una entidad intervenida y sólo reserva a las Comunidades la elaboración de un informe previo a la aprobación del plan de reestructuración, lo que Madrid considera una clara suspensión de las competencias autonómicas para autorizar fusiones entre cajas.

El ejecutivo madrileño recuerda que en su Estatuto de Autonomía se reconoce al gobierno regional en exclusiva sus competencias en materia de cajas -en alusión a Caja Madrid-, y en la ley autonómica de 2003 se recoge que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Madrid será quien autorice las fusiones interregionales, en coordinación con otros gobiernos autonómicos.

Entiende que podría ser inconstitucional permitir que el Banco de España pueda incurrir en decisiones que "menoscaban o alteran" la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías.

Por su parte, la Generalitat acordó hoy iniciar "un procedimiento negociado" con el Gobierno central para corregir la invasión competencial que, a juicio del Govern, supone el real decreto de creación del FROB.

El conseller de Economía, Antoni Castells, aseguró que, a pesar de que el Govern considera el FROB como "necesario e imprescindible" para llevar a cabo operaciones de integración "de manera voluntaria", el Gobierno catalán está "obligado a actuar" si detecta una invasión competencial.

Castells ha valorado la disposición a "hablar" del Gobierno y, aunque se reserva el derecho de acudir al Constitucional, ha mostrado su preferencia por llegar a una solución negociada antes de tener que acudir a la mediación de ese tribunal.

Desde el Gobierno andaluz se ha señalado a Efe que se "está a la espera de algunas aclaraciones" que había solicitado al Ejecutivo central sobre "algunos puntos del FROB".