El impuesto hipotecario no será deducible 

El Gobierno vigilará que los bancos no trasladen el coste del AJD a los clientes

El ejecutivo interviene el mercado hipotecario para calmar la "alarma social" y la "inseguridad jurídica" que había generado la decisión del Supremo.

Maria Jesus Montero, Isabel Celaá y José Luis Ábalos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros  / EFE
Maria Jesus Montero, Isabel Celaá y José Luis Ábalos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / EFE

El poder ejecutivo ha hablado: el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que los bancos sean quienes finalmente paguen este impuesto en las hipotecas, un desembolso que, además estará considerado como no deducible. Pero no solo eso, el Gobierno creará un organismo para vigilar que la banca no traslade el coste del AJD a los clientes mediante cláusulas abusivas.

Ha sido una decisión rápida, apenas 24 horas después de la del Supremo, tomada "desde el respeto a la separación de poderes y a los dictámenes judiciales", para calmar la "alarma social" y la "inseguridad jurídica" que había generado el criterio adoptado por el alto tribunal.

Así ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que ayer adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el decreto ley estará en pleno vigor este mismo sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado mañana.

Montero ha dicho que la responsabilidad del Gobierno es "velar por el interés de los ciudadanos" y que, con este objetivo, han actuado con celeridad. "Lamentamos el cambio de criterio producido esta semana por parte del Tribunal Supremo en la controvertida sentencia". A partir de ahora, la banca pagará el impuesto, un gasto que "estará considerado como no deducible", ha subrayado. Así, las entidades financieras no podrán deducirse en Sociedades el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, que a partir de ahora tendrán que asumir, al tiempo que decaen las bonificaciones hasta ahora dirigidas a los ciudadanos.

Después ha aclarado que la semana que viene convocará la reunión de los directores generales de tributos de las comunidades autónomas, el órgano encargado de aclarar las dudas respecto a los impuestos cedidos.

De esta manera, el Gobierno ha decidido modificar el Real-Decreto legislativo 1/1993, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En concreto, se modifican los artículos 29 y 45 de dicha norma, para determinar que el sujeto pasivo del impuesto, cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista.

Asimismo, se incluye una disposición por la que se revisa el artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para establecer que el gasto que supondrá el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados estará considerado como no deducible por parte del prestamista.

En su comparecencia de ayer, Sánchez avanzó que el Gobierno trabajaba en la creación de una autoridad independiente en defensa de los clientes financieros. Este organismo, dijo, se encargará de proteger a los clientes y reforzar los derechos de los consumidores en relación con el sector financiero. Según confirmó el presidente, el proyecto se enviará "en las próximas semanas" a las Cortes Generales y entrará en vigor tras su aprobación, para "garantizar la seguridad jurídica de todos". El objetivo es, aseguró, es "reforzar la protección ante los potenciales abusos y mejorar la capacidad de resolver conflictos que se dan en el sector financiero". Sin embargo, Sánchez no ahondó en su función para evitar que la banca repercuta el coste del impuesto de AJD a los clientes.

Tampoco ha concretado demasiado la ministra de Hacienda, que se ha remitido a las explicaciones que dará su compañera de Economía, Nadia Calviño, cuando presente el proyecto definitivo en el que trabaja su departamento. Será ella quien aclare las "atribuciones y competencias" de esta autoridad de "defensa" de los clientes financieros, que nacerá con la meta de "velar por los derechos de los consumidores" y acabar con las cláusulas abusivas que incluyen los bancos en los contratos.

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