El golpe del TC a las plusvalías abre la puerta a un aluvión de reclamaciones

Casi siempre, los fallos judiciales obligan a dar un vuelco a la situación enjuiciada. Sobre todo cuando detrás del pronunciamiento se encuentra el Tribunal Constitucional. En el caso del controvertido impuesto de plusvalía municipal, cuyo método de cálculo ha sido declarado contrario por el alto tribunal, amenaza con dejar sin oxígeno a las cuentas de gran parte de los 8.000 ayuntamientos que hay en España. Ya no sólo porque la decisión hace inviable que este tributo pueda cobrarse tal y como está formulado, sino porque deja abierta la puerta a una más que temida avalancha de reclamaciones por parte de miles de contribuyentes.

Al margen de esta evidente merma en las finanzas municipales, cabe la posibilidad de que sean recurridos una parte importante de los impuestos pagados durante los últimos años. En su adelanto de la parte dispositiva, el TC deja constancia de la intangibilidad de reclamar en aquellas situaciones "firmes existentes" antes de la fecha de la aprobación de la sentencia. Se refiere así tanto a los casos en los que haya prescrito el plazo de cuatro años de reclamación, como en los que se hubieran firmados actas de conformidad a la liquidación de plusvalía urbana. También parece descartada la vía de las liquidaciones, donde los ayuntamientos de turno son los encargados de cobrar directamente este tributo.

En cambio, no queda claro una cuestión clave como es el futuro de las autoliquidaciones practicadas dentro de los ejercicios revisables en el ámbito fiscal. Esto es, hasta 2018. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de la fórmula más extendida en los grandes ayuntamientos, como el de Madrid, donde se calcula que la bolsa recaudatoria ronda los 500 millones de euros anuales vía Impuesto sobre el valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Si bien los expertos apuntan a un escenario de reclamaciones, invitan a la cautela hasta que no se disponga de una lectura completa de la sentencia. "La propia nota dice que hay que esperar a los acontecimientos, porque habrá que ver qué limite y qué alcance tiene esta parte dispositiva", advierte Ignacio Mendaro, responsable del área fiscal y tributaria en Martín Molina Abogados y Economistas.

Guardándose de lanzar campanas al vuelo, los fiscalistas consultados sostienen que, de confirmarse esta interpretación, particulares y empresas tendrían vía libre para lanzarse a reclamar cantidades que, en el caso de las operaciones inmobiliarias más grandes, pueden superar el millón de euros en plusvalías. Ello sin necesidad de justificar ni probar decrementos en el patrimonio como resultado de la compraventa de una vivienda, tal y como establecía el Constitucional en la primera sentencia dictada en 2017. 

Ante la falta de referencias precisas que permitan calcular el posible agujero que supondría un escenario de estas características para los municipios, más allá de la media de 2.500 millones de euros anuales que han venido ingresando en sus arcas por este concepto durante el último lustro, la elevada compraventa de viviendas en España hace pensar que el impacto sería elevado. "A todos los efectos inasumibles", precisan fuentes del sector.

Según las cifras registradas por el Gobierno a través del Ministerio de Agenda Urbana y del INE, en 2018 se superaron las 725.000 de transacciones inmobiliarias de viviendas libres de segunda mano y transmitidas en herencia, donación y permuta. Al año siguiente, en 2019, el número rozó las 720.000 operaciones, mientras que en 2020 cayeron hasta las 600.000 como consecuencia del parón económico provocado por la pandemia. Hasta junio de este 2021 la cifra rozaba las 300.000 transacciones, por encima de la serie histórica. En total, se han firmado y declarado más de 2,3 millones de acuerdos de compraventa en el mercado de la vivienda.

En este sentido, las plusvalías urbanas representan la segunda fuente de financiación propia de los municipios, sólo por detrás del IBI. Sin ir más lejos, en el 2019 se recaudaron 2.500 millones de euros a nivel nacional, cantidad que hoy se vería reducida a cero y paralizará por el dictamen del Constitucional, aunque el Ministerio de Hacienda ha manifestado su intención de revisar esta figura retributiva para que se ajuste al derecho.

No obstante, Hacienda ha salido al paso asegurando que "ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”. Por contra, no ha especificado si se garantizará la pérdida de ingresos que sufrirían los ayuntamientos, los cuales acumulan una media de más de dos años de retraso en la resolución de expedientes de recursos.