El gran golpe a la reforma laboral del PP será dificultar los ERE masivos por crisis

El Gobierno prepara su gran golpe a la reforma laboral del PP. Ante su imposibilidad para tumbar la totalidad de la norma, el Ministerio de Trabajo ha elaborado su táctica para noquear sus aspectos centrales y ya ha planteado a la patronal y a los sindicatos las medidas que tienen en mente, entre otras, su intención de dificultar los despidos colectivos. 

Se trata de una de las principales y más controvertidas modificaciones que introdujo la ley de 2012. Recordemos que, además de abaratar el despido general, el PP facilitó los despidos colectivos al eliminar la autorización administrativa de los ERE y tasar específicamente las causas económicas para justificar estos procesos en tres trimestres consecutivos con caídas de ingresos. Ahora, el Gobierno ha puesto sobre la mesa del diálogo tripartito una propuesta que pretende facilitar la impugnación ante la jurisdicción social de aquellos despidos colectivos que sean considerados "desproporcionados".

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En el documento que ha entregado Trabajo a patronal y sindicatos, y al que ha tenido acceso Efe, se mantiene el criterio en cuanto al número de trabajadores afectados (10% de la plantilla, en general, 10 empleados en empresas de menos de 100 o 30 en aquellas con más de 300), así como las causas económicas necesarias para plantear un despido colectivo.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno otorga más poder al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, incluyendo las "causas motivadoras del despido colectivo y la proporcionalidad de la medida prevista en relación con las mismas". En el caso de que este informe señale la existencia de una "manifiesta desproporcionalidad entre la causa alegada por la empresa y la gravedad de la medida prevista", la decisión de despido colectivo podrá ser impugnada mediante el correspondiente procedimiento de oficio ante la jurisdicción social.

En el caso de las suspensiones de contrato, el Gobierno quiere hacer más difícil justificar las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción bajo las que el empresario puede llevarlas a cabo. Así, se entenderá que concurren dichas causas si con la adopción de las medidas propuestas "se contribuye a prevenir una situación económica negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos".

La decisión empresarial de suspender un contrato podrá ser impugnada por la autoridad laboral ante la entidad gestora de la prestación por desempleo si entiende que puede tener por objetivo la "obtención indebida" de estos subsidios por "la inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo".

Fuentes del Ministerio consultadas por La Información insisten, no obstante, en que se trata de un documento de trabajo, abierto a negociación. Por ello, en el entorno de Magdalena Valerio no hacen valoraciones sobre esta medida concreta porque, según explican, este documento no ha sido debatido todavía. 

A la espera de lo que suceda en las negociaciones, lo que sí se puede adelantar es que este golpe a uno de los aspectos que consideran más lesivos de la reforma laboral es bien visto por los sindicatos, y no así por los empresarios. Precisamente, lo que reclama la CEOE son cambios para reducir los costes de los despidos colectivos. En concreto, pide la supresión de los costes que sustentan las empresas en beneficios que extingan contratos de trabajadores mayores de 50 años, lo que supondría la eliminación de la famosa "enmienda Telefónica".

Asimismo, la CEOE considera que es necesario "actualizar" el límite sobre el que las extinciones de contratos no requieren la presentación de un ERE. La patronal sostiene que estos datos deben ser "actualizados" y pide que se revise la "utilidad o eficacia" de la obligación de ofrecer a los afectados un plan de recolocación externo.

También reclama simplificar la documentación a aportar y el procedimiento, y que estos despidos no puedan ser declarados "nulos" por defectos formales. Tanto en el caso de los despidos colectivos como en las suspensiones de contrato, la CEOE considera que la actuación de los jueces debe centrarse en comprobar si se han cumplido los "trámites establecidos" y no entrar a "valorar razones económicas o de otra índole en las empresas".

Como decimos, se trata de un documento de trabajo que todavía no ha sido debatido en la mesa del diálogo social, pero la medida promete convertirse en otro de los grandes puntos de fricción entre las partes. La semana pasada los sindicatos anunciaban de manera precipitada un preacuerdo con el Gobierno para modificar la reforma laboral al margen de la patronal y la propia ministra Magdalena Valerio reconocía una mayor sintonía con CCOO y UGT que con la CEOE, precisamente, por el rechazo de los empresarios a esta medida, entre otras.