Todo empezó a gestarse en julio del año pasado. El Gobierno acababa de poner sobre la mesa las medidas fiscales que pretendía empezar a abordar de manera inmediata y había dejado bien sentado que su estrategia fiscal se centraría en extraer nuevos ingresos de dos colectivos bien definidos: los grandes patrimonios y las grandes empresas. En relación a éstas últimas comprometió la instauración de un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades - una auténtica revolución, que luego el propio Gobierno atenuó poniendo como referencia la base imponible - y el establecimiento de un impuesto del 5% sobre los dividendos repatriados de filiales en el extranjero, a día de hoy exentos en su totalidad entre otras cosas porque constituyen uno de los principales canales de financiación de las grandes multinacionales españolas.
Todavía con el susto en el cuerpo el 11 de julio la Agencia Tributaria reunió al Foro de Grandes Empresas - el cónclave creado por Hacienda para conocer las inquietudes de naturaleza fiscal de los principales contribuyentes del país - y, claro, el descontento estalló. Al recién nombrado director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, le tocó lidiar con las quejas de las empresas por la reforma del Impuesto de Sociedades y también por la decisión unilateral del Gobierno de activar los impuestos sobre transacciones financieras y sobre servicios digitales en España antes de que se hiciera en el resto de la UE, lo que, se quejaban, situaba a las empresas españolas en un clara desventaja competitiva.
La falta de atención a las sugerencias de las empresas tanto a nivel Gobierno como en el proceso reglado de consulta pública de los proyectos de Impuestos sobre Transacciones Financieras y sobre Servicios Digitales convenció a las grandes empresas de la necesidad de actuar por su cuenta. El asunto es que esta vez esa actuación se ha producido de manera coordinada, en una situación de la que no existen precedentes. "Lo cierto es que todo surgió de forma muy espontánea", relata una de las personas presente en las reuniones. "Al principio simplemente comentábamos la situación, luego empezamos a reunirnos y al final se han creado grupos para trabajar sobre las diferentes medidas".
Los trabajos, en los que según fuentes conocedoras participan los fiscalistas de la práctica totalidad de las principales empresas del país, se desarrollan al margen de los focos, de manera informal y se han estructurado en torno a tres grandes líneas que en conjunto configuran una suerte de 'enmienda de totalidad' a la política fiscal del Gobierno.
Un grupo de empresas se ha volcado en el análisis de la reforma del Impuesto de Sociedades planteada por el Gobierno y, en concreto, en la modulación del gravamen del 5% sobre los dividendos transferidos 'hacia arriba' por las filiales de grandes grupos ya estén en España o en el extranjero.
La redacción elegida por el Gobierno habilita a Hacienda a gravar ese 5% en cada transferencia de empresa a empresa lo que en la compleja arquitectura que caracteriza a las grandes multinacionales puede tener un efecto multiplicador sobre su factura fiscal, ya que tendrían que tributar en cada movimiento de dinero desde la filial de origen hasta la matriz principal dentro del grupo, lo que puede implicar dos, tres o incluso cuatro o más pasos. Los fiscalistas de las grandes del Ibex están ultimando una redacción alternativa para esquivar ese efecto multiplicador y acotar la aplicación de ese nuevo gravamen de modo que solo se tenga que pagar una vez dentro de los grupos empresariales.
Los trabajos en este grupo están siendo coordinados por Begoña García-Rozada, responsable de Global Fiscal de Iberdrola y ex responsable del Impuesto de Sociedades en el Ministerio de Hacienda y el objetivo es que desemboquen en una enmienda que se presentará a los Presupuestos en el caso de que éstos lleguen al trámite de las enmiendas parciales.
El problema de los nuevos impuestos
Los grandes del sector financiero - banca y aseguradoras- se han centrado, por su parte, en el impuesto a las transacciones financieras. En el trámite de consulta pública han conseguido introducir algunas correcciones técnicas sobre la redacción inicial, como ya anticipó la directora general de Tributos, María José Garde, pero entienden que aún pueden corregir alguna cuestión más de fondo en el trámite parlamentario de la ley. Según las fuentes consultadas en este ámbito está participando también la organización sectorial AEB.
Un tercer grupo, en el que la cabeza más visible es Telefónica, está trabajando en la eventual modificación del Impuesto sobre Servicios Digitales. De momento su acción ya ha permitido que el Gobierno renuncie a su intención de hacer tributar los servicios digitales que se prestan las sociedades pertenecientes a un mismo grupo de empresas, si bien fuentes pertenecientes a este grupo de trabajo admiten que todavía no está del todo claro el perímetro de actuación del impuesto y que persiste cierta inquietud por el anuncio del Gobierno de que obtendrá 100 millones de euros de recaudación de las 'grandes telecos' "aunque no tenemos muy claro de dónde los van a sacar", admite un miembro de ese grupo de trabajo.
El papel clave de CEOE en la tramitación parlamentaria
En paralelo a los trabajos técnicos en los que han participado los responsables de Fiscal de las principales empresas del país, las organizaciones sectoriales también se han movido dentro de CEOE para 'engrasar' que la posición empresarial tiene eco en el trámite parlamentario de las leyes de los dos nuevos impuestos y en el trámite presupuestario si es que éste tuviera lugar.
El punto más controvertido en esta dimensión 'política' del asunto es el impuesto sobre servicios digitales. Dentro de CEOE las posturas están muy divididas en torno a esta apuesta gubernamental, según aseguran fuentes de la organización empresarial, entre la industria más tradicional, favorable a gravar a las empresas tecnológicas; y la cada vez más influyente industrial digital - representada por Ametic y Adigital -.
El nuevo presidente de CEOE, Antonio Garamendi, convocó una reunión hace un par de semanas con un grupo reducido de responsables de organizaciones sectoriales - entre las que estaban las patronales tecnológicas- y territoriales para amoldar si no una posición común si una posición aceptable por todas las partes en relación a la estrategia de lobby a seguir en la tramitación del impuesto sobre servicios digitales.
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