El ICO financiará la mitad de la deuda de las autonomías con el Estado

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha necesitado cuatro horas y media para alcanzar pocos acuerdos unánimes y dejar en el aire los contenidos más espinosos. Y en este medio camino, y ya que la reunión se planteó como una guerra, el Gobierno central se ha alzado con la victoria en todas las escaramuzas que le importaban.

Porque el Ejecutivo no ha cedido en nada de lo que le había planteado un Partido Popular que, teóricamente, se presentaba más poderoso que nunca a la cita gracias a su dominio en 11 de las autonomías.

Por el contrario, sí que hubo acuerdo genérico para establecer una regla de gasto en la administración regional. Y es genérico porque hasta dentro de seis meses, allá por enero de 2012, no se sabrá su articulación definitiva.

También llegará en 2012 el único gesto de flexibilidad que ofreció ayer el Ministerio de Economía a las comunidades. ¿Qué ocurrió con la pretensión de los populares de dilatar los pagos pendientes al Estado con motivo de la liquidación de la financiación? El PP quería que de los cinco años actuales se extendiera a diez el plazo de devolución; el Gobierno se ha negado a ello.

A cambio, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) podría financiar la mitad de esa deuda de las comunidades autónomas correspondiente a la liquidación de las cuentas de 2008 y 2009 y que debe hacerse frente en 2012. Sobre una deuda total que asciende a 24.000 millones a pagar en seis ejercicios, en el ejercicio del año próximo la factura asciende a cerca de 5.000 millones (1.100 de 2008 y 3.800 de 2009), con lo que los préstamos cubrirían un máximo de 2.500 millones. 

Eso sí, lo que las autonomías ganen en efectivo gracias a los préstamos del ICO a tres años (a los que se le aplicarán los tipos de interés habituales) tendrá que destinarse al pago de proveedores. Respecto a las críticas del PP que aseguraban que una ampliación del plazo a diez años no causaría efecto alguno sobre el déficit, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, dijo que lo que es seguro es que no computan para el déficit de las autonomías.

Además, Salgado recordó que los problemas de liquidez de las autonomías, si los hay, se darían durante el año que viene, ya que a partir del año siguiente se podría volver a cierta normalidad en los ingresos. La medida, de momento, es sólo una propuesta y exigiría una modificación legal de aplicarse definitivamente.

El punto de acuerdo más previsible

En cuanto a la articulación de la nueva regla de gasto, socialistas y populares estaban condenados a entenderse. Los segundos, porque lo exigieron machaconamente en las pasadas elecciones; y los primeros, porque recogieron el guante y dieron el primer paso para Estado y ayuntamientos.

El acuerdo alcanzado contempla que las comunidades tendrán que presentar a sus respectivos parlamentos una propuesta de regla de gasto en un plazo de seis meses, pero el PP ha matizado que casi todas las comunidades se han abstenido a la hora de concretar una fórmula, ya que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta que no ha dado tiempo a analizar y que presentaba "incongruencias".

Por ejemplo, una de las cuestiones que tendrán que dilucidar las autonomías es el baremo a partir del que se calcula la regla de gasto.

El Consejo de Ministros ya aprobó un decreto ley para el Estado y las administraciones locales en el que se recogía la evolución del Producto Interior Bruto durante nueve años (los cinco precedentes, el ejercicio en curso y las previsiones de los tres siguientes) como base. Este cálculo recogía un aumento anual del gasto del 3,2% de media.

Antes de una cosa y otra, un grupo de trabajo irá despejando dudas y debería presentar su propuesta al próximo CPFF de otoño. En cualquier caso, y habida cuenta de que hasta finales de enero de 2012 no habrá una aplicación generalizada, todo indica a que la regla de gasto autonómica será gestionada por el próximo Gobierno central.

Objetivos de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de déficit

Pero reglas de gasto y aplazamientos de deuda aparte, el primer objetivo del Consejo era garantizar que España cumplía con sus objetivos de déficit comprometidos ante la Unión Europea.

Para ello, el órgano que reúne a Estado y autonomías sí que ha aprobado por unanimidad el objetivo de estabilidad presupuestaria individual para las CCAA en el periodo 2012-2014. Cada una podrá incurrir, de esta forma, en un déficit equivalente al 1,3% de su PIB regional en 2012; al 1,1% en 2013; y al 1% en 2014.

Y todo esto, también con condiciones. Según el Ministerio: "Estos objetivos de estabilidad presupuestaria suponen el máximo de déficit permitido en dichos ejercicios, tienen carácter temporal y excepcional, y están condicionados a que las comunidades autónomas presenten o actualicen sus preceptivos planes económico financieros de reequilibrio, y a que las medidas incluidas en éstos sean declaradas idóneas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Precisamente, y hablando de idoneidad, el CPFF informó favorablemente sobre los planes de equilibrio presentados por Andalucía, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

No lo ha conseguido, una vez más, Cataluña, que acaba de aprobar unos presupuestos con un déficit del 2,66% del PIB, el doble de lo que le pide el Estado y cuyo plan de equilibrio no es la primera que se rechaa en el Consejo.

Hasta que no presente un plan viable, recordó Salgado, la Generalitat tampoco podrá emitir deuda para refinanciarse.

Porque tampoco habrá posibilidad de que el Estado avale nuevas emisiones de deuda por parte de las autonomías ni aunque éstas cumplan con los objetivos de estabilidad. Ésta era otra de las peticiones del PP que ha sido tumbada por completo: "No es legal ni es buena idea", ha zanjado la vicepresidenta.

A todo esto, el PP tachó de insuficiente la oferta del ICO, criticó la falta de concreción de las medidas y adelantó que los próximos días serán movidos en cuanto a reacciones contra lo acordado en el Consejo.

Las autonomías golean a la Liga

Por último, el CPFF no tuvo ningún problema en alumbrar una nueva vía de financiación para las autonomías mediante un acuerdo sobre la distribución de la recaudación del nuevo Impuesto sobre actividades de juego desarrolladas on line. En total, podrían ser unos 300 millones de euros de los que no verá nada finalmente la Liga de Fútbol Profesional, que pretendía ingresar una parte por este concepto.