El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado la apertura de una pieza secreta en el marco de la causa que investiga la caída del Banco Popular con toda la documentación que aporte el Banco Central Europeo (BCE), incluida la decisión de declarar a la entidad como "próxima a la quiebra".
En un auto al que ha tenido hoy acceso Efe, el magistrado ordena incorporar a esta parte del procedimiento otros archivos, como informes y conclusiones de inspección y su seguimiento desde 2012, así como requerimientos o recomendaciones sobre el registro de deterioros de la inversión crediticia, todos escritos con información reservada conforme a la normativa comunitaria.
Atiende así a la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de mantener bajo secreto esta pieza, de momento por el espacio de un mes, "con la finalidad de garantizar la reserva y confidencialidad" y de preservar "la investigación y esclarecimiento de los hechos que constituyen el objeto de la causa".
Tal como expone el titular del juzgado central de Instrucción número cuatro, la documentación, en la que entran además informes sobre la autocartera y de las desinversiones de activos del Popular, habrá de ser examinada y estudiada por los peritos judiciales cedidos por el Banco de España con la finalidad de comprobar si resulta útil para la causa.
En octubre de 2017, el juez Andreu admitió a trámite las primeras querellas contra los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma PwC, que auditó sus cuentas durante más de tres décadas, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
Acordó entonces la división en dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
A mediados de febrero, el magistrado solicitó, a instancias de las acusaciones, diversa información relacionada con la gestión del Popular a organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el BCE.
En dicho auto, destacaba la necesidad de conocer el primer peritaje de los expertos designados al caso antes de acordar las declaraciones de todos los investigados.
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