El juez concluye que hubo irregularidades y comisiones alrededor de Adigsa

Barcelona, 12 feb.- El juez que investiga el "caso del 3 %" ha dado por finalizada la instrucción, iniciada en 2005, en un auto en el que mantiene la acusación contra siete personas y concluye que hubo irregularidades y se cobraron comisiones alrededor de la empresa pública Adigsa durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

En un auto, que hoy publican El Periódico y El País, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona da por finalizada la investigación de este caso, que se destapó a raíz de la insinuación del expresidente de la generalitat Pasqual Maragall de que CiU cobraba comisiones del 3 % a cambio de la adjudicación de obras financiadas por el gobierno catalán.

Tras años de instrucción, en el que el caso llegó a estar incluso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la imputación -finalmente retirada- del diputado de CiU Ferran Falcó, el juez mantiene la acusación contra siete personas por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.

El juez ha rechazado la solicitud de tres de los acusados, que habían pedido el archivo de la causa, y ha encargado al fiscal y a las partes que formulen su escrito de conclusiones provisionales y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El juez reproduce en el auto en el que concluye la instrucción un escrito de 2007, que mantiene íntegramente con la única salvedad de las referencias a Ferran Falcó, ya que su imputación fue archivada en septiembre pasado por el TSJC al entender que ni intervino ni conoció la existencia de un sistema de contratación irregular en Adigsa, debido a su perfil institucional cuando presidió esta empresa pública durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol.

En el auto, el juez concluye que el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, ahora titular de Empresa-, era la persona sobre la que giraban todas las supuestas irregularidades, pese a que oficialmente no estaba contratado por Adigsa.

El juez entiende que Penin obtuvo fondos públicos en su "irregular labor" como tasador e intermediario de Adigsa, bien directamente por tasaciones no realizadas o bien por comisiones cobradas a algún contratista por haberle encargado obras.

De hecho, el juez resalta que Penin contactaba con constructores, ante quienes daba la apariencia de trabajar "o por lo menos tener cierto poder" en Adigsa, les llevaba a ver pisos para rehabilitar y les entregaba la llave para que empezaran la rehabilitación de forma urgente, sin ningún tipo de expediente previo.

Según el juez, el empresario imputado José Antonio Salguero aceptó aumentar un 20 % el valor de la rehabilitación, "en claro detrimento del erario público", en lo que podría constituir una comisión del 20 % a cambio de la adjudicación de las obras.

Salguero admitió ante el juez que le entregó a Penin dinero en efectivo y que también pagó al cuñado del intermediario, Jordi Honrubia -también imputado-, 60.000 euros como comisión por las obras que le habían encargado.

Entre los imputados también se mantiene el entonces consejero-delegado de Adigsa Josep Antoni Fondevila, que autorizó expedientes de Penin directamente con su firma, sin contar con el servicio de contratación, y que emitió un certificado para que Penin lo usara como credencial de que colaboraba con Adigsa, pese a que no era así.

Fondevila, que según el auto tenía conocimiento de las irregularidades, también admitió ante el juez que el Pla Jove que impulsó Adigsa era un proyecto de captación de voto a favor de CiU.

También se mantiene como imputado el ex gerente de Adigsa Jordi Huguet porque, según el juez, es el responsable por su cargo de las "irregularidades" en los expedientes de contratación, en los que hubo cambio de fechas, cambio de empresas de un mismo expediente y adjudicaciones directas saltándose el procedimiento habitual.