El juez exige a Cevital mejorar la oferta para adquirir las marcas de Fagor

San Sebastián, 14 mar.- El Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián ha desestimado la solicitud de venta de las marcas de Fagor Ireland a Cevital en los términos formulados, pero abre la puerta a su compra si sube el precio a 35 millones de euros y hace una oferta "firme" por unidades de negocio de la cooperativa en España.

El juez Pedro José Malagón fija en un auto dictado el 12 de marzo un precio de 35 millones por las marcas Brant, De Dietrich, Vedette, Sauter y Easycook, 10 más que lo ofertado por el grupo empresarial argelino, y además describe una serie de condiciones para garantizar su pago, que deberá abonarse al contado o entregando la mitad en el momento de firmar el contrato y el resto en tres plazos.

Además, establece que la compra de las marcas -que Cevital quiere adquirir para poder explotar las filiales francesas de Fagor Electrodomésticos- debe estar acompañada de una "oferta firme y vinculante, no sujeta a plazo temporal" sobre determinados "activos propiedad de las sociedades de nacionalidad española" de Fagor Electrodomésticos.

En su auto, en primer lugar el juez considera de interés para el concurso de acreedores cerrar la venta de las marcas antes de que se inicie la fase de liquidación en Francia, ya que el grueso de la actividad de Fagor Ireland, propietaria de las marcas, está relacionada con la actividad de las filiales galas Fagor Brandt y Fagor France, por lo que "el posible cese de actividad y liquidación de tales sociedades puede afectar al valor de las marcas".

El auto da la razón a la Abogacía del Estado, que se opuso a la venta de las marcas de Fagor, al entender que el precio de 25 millones ofertado por Cevital no se corresponde con el valor que pueden tener estos activos, y alude al inventario presentado en la solicitud de concurso, en el que se sitúa la valoración de estas marcas en 67 millones de euros.

No obstante, el juez entiende que la situación concursal de la cooperativa vasca "debe tener incidencia en la valoración de activos intangibles" y recuerda que en este tipo de procesos "nunca se obtiene" el precio de mercado.

También da la razón a la Abogacía del Estado respecto a la forma y garantías de pago, por lo que, en su parte dispositiva, establece que se abonen los 35 millones al contado o en plazos que partirían del pago de la mitad (17,5 millones) en el momento de la compraventa y el resto en otros tres plazos que finalizarían el 31 de marzo de 2017.

El juez admite que los 35 millones fijados, aunque son 10 más que los ofertados, constituyen un precio inferior al que supuestamente podrían valer las marcas de Fagor, pero añade que esto se podría compensar en parte "con la existencia de una oferta firme y vinculante respecto a activos en España".

El juez recuerda que en la solicitud de venta de las marcas -efectuada por Fagor Ireland y los administradores concursales- se planteaba que Cevital había hecho una "oferta global e indivisible" que incluía las marcas en cuestión y también unidades productivas en España, en concreto "las actividades de grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos y SAV" y las marcas necesarias para su explotación.

Sin embargo, por la "imposibilidad de acompasar los tiempos de los procedimientos concursales francés y español" el grupo Cevital había renunciado a la indivisibilidad de su oferta inicial y estaba dispuesto a adquirir la marcas de Fagor Brant en primer lugar -imprescindibles para hacerse con las filiales productivas francesas- y posteriormente con las unidades españolas.

La oferta por las fábricas francesas caducaba el 26 de febrero, pero el plazo ha sido prorrogado por los tribunales franceses, en espera de la resolución del Juzgado de San Sebastián sobre la venta de las marcas de Fagor Ireland.

Por este motivo, el juez Malagón sostiene que "parece que hay una oferta en firme por activos de los concursos en España, condicionada, eso sí, a la adjudicación de las empresas filiales francesas y a la adquisición de las marcas".

Pese a ello, el Juzgado donostiarra ha dictado que se vincule directamente la adquisición de las marcas por 35 millones a una "oferta respecto a activos de empresa en España", que, aunque el juez entiende que ya existe, cree conveniente "asegurar como condicionante de la venta de las marcas".