El Gobierno de Pedro Sánchez lo va a tener complicado para que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como la 'tasa Google', salga del Congreso con el mismo potencial recaudatorio con el que entró. Si por la izquierda sus socios de ERC pretenden que el 50% de la recaudación de impuesto vaya para las arcas autonómicas, a su derecha el trabajo realizado en los últimos meses por los lobbies que defienden los intereses de los grandes gigantes 'tech' ha conseguido conformar un sólido bloque parlamentario que según las enmiendas registradas en el Congreso va a pelear por meter la tijera en las cargas fiscales que esta nueva figura impone a las empresas.
El principal objetivo en el punto de mira de este frente político aflora de manera evidente en las enmiendas presentadas al proyecto gubernamental: anular la imposición fiscal sobre la prestación de servicios digitales entre empresas de un mismo grupo. El asunto generó controversia desde el minuto uno porque tal disposición no aparecía por ningún lado en el proyecto europeo de impuesto digital y constituía, por así decirlo, una peculiaridad del modelo español. Tanto era así que desde el propio Gobierno se justificó la mayor recaudación prevista por este impuesto respecto a lo calculado en su día Bruselas por la operativa de esa cláusula, con la que Hacienda preveía obtener unos 200 millones de euros extra de recaudación.
Ingresos extra para el Estado...y factura extra para las grandes empresas digitales españolas, que han puesto en marcha toda su capacidad de influencia desde la apertura del proceso de consulta pública sobre el proyecto gubernamental para tratar de abolir esa disposición que, entienden, les coloca en peor situación que el resto de operadores europeos al incrementar su factura fiscal respecto al modelo estándar. Según fuentes jurídicas, empresas como Prisa o Telefónica han sido particularmente activas en esta pelea.
La propia directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, María José Garde, admitió en público que la avalancha de alegaciones empresariales a este punto había sido llamativa. El argumento de las empresas, principalmente de las 'telecos', cuya estructura empresarial se arracima en torno a un puñado de filiales, es que el establecimiento de ese criterio no sólo tendría un efecto multiplicador sobre su factura fiscal sino que introduciría distorsiones en el mercado y afectaría a la competitividad del sector tecnológico doméstico. La presión empresarial logró una pequeña victoria al principio del proceso al conseguir que el Gobierno se aviniera a dejar exentas las operaciones intragrupo, pero solo en aquellos casos en que la participación entre entidades fuera del 100%. No fue más que una victoria parcial.
Agotada la carta de la influencia directa sobre el Gobierno, la apertura del trámite parlamentario para la aprobación definitiva del nuevo impuesto - que se puso sobre la mesa en octubre de 2018- ha brindado al sector tecnológico una nueva oportunidad de 'podar 'el proyecto. Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Grupo Parlamentario Plural (la marca que aglutina a los diputados de JxCAT, Mas Madrid, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe y BNG) llevan en sus enmiendas la modificación del artículo seis del proyecto de ley, el que regula los supuestos de exención del impuesto, para modificar esa cautela de limitar esa exención a las filiales sobre las que se tenga una participación del 100% y ampliarla a todas sobre las que la matriz tenga una participación mayoritaria, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Fuentes conocedoras del proceso de elaboración del proyecto gubernamental admiten que la aprobación de una enmienda en ese sentido reduciría al mínimo la recaudación extra que obtendría el Estado por el gravamen sobre las operaciones matriz-filial. Hay que recordar que según los cálculos realizados por el propio Gobierno de esta disposición depende el 20% de los en torno a 1.000 millones de euros que se pretenden obtener de la ya conocida como 'tasa Google'.
Maniobras para dejar fuera a los Wallapop, Vibbo...
Otra de las enmiendas presentadas pretende incluir dentro de los supuestos de no sujeción al impuesto la prestación de servicios de intermediación que faciliten la entrega de bienes entre usuarios, cuando el prestador de servicios no reciba "una contraprestación derivada sobre el precio de la entrega de bienes o prestación del servicio subyacente", el negocio en el que se mueven los Wallapop, Vibbo, etcétera...
El Grupo Parlamentario Plural, cuya orientación de voto se antoja relevante para la suerte final del proyecto, también plantea elevar el umbral de entrada a partir del cual un contribuyente se considera sujeto del impuesto. Plantea que el cálculo de la facturación mundial de 750 millones de euros -uno de los requisitos establecidos en el impuesto para ajustar su aplicación a grandes gigantes 'tech'- se calcula sobre su volumen de negocio digital y no sobre su facturación total, lo que podría dejar fuera a las grandes empresas de medios de comunicación; y que la facturación nacional se calcule bajo esos parámetros pero por un umbral mucho más elevado de 25 millones de euros, frente a los tres millones que el Gobierno optó por establecer en su proyecto (el proyecto UE fijaba ese umbral en siete millones de euros).
El otro gran vector que centrará el debate parlamentario sobre el impuesto será su relación con otros impuestos como el de Sociedades. Una puñado de enmiendas reclaman que las prestaciones de servicios ya gravadas por el Impuesto de Sociedades -por haber sido realizadas en territorio nacional y por empresas nacionales- estén exentas del impuesto para evitar una doble imposición. Otras abogan por crear una especie de reducción en la base imponible de Sociedades a partir de los servicios ya gravados en el nuevo impuesto, que permitiría desgravarse el 10% de esas operaciones en el Impuesto de Sociedades.
El Ministerio de Hacienda se comprometió a garantizar la deducibilidad de la cuota del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales en el Impuesto de Sociedades según las mismas reglas que rigen para el IVA, pero el asunto no se refleja de manera suficientemente explícita en la ley por lo que una serie de enmiendas exigen que se refleje de manera clara.
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