La obsesión de un puñado de administraciones tributarias autonómicas con las posibles fugas de grandes contribuyentes hacia la Comunidad de Madrid en busca de un entorno fiscal más amigable ha multiplicado los requerimientos a la Agencia Tributaria para que efectúe comprobaciones de los domicilios fiscales de los contribuyentes. El presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha admitido este jueves en el marco del XXX Congreso Nacional de la Asociación de Inspectores de Hacienda la existencia de una "demanda creciente" de requerimientos de gobiernos autonómicos en este sentido. El fenómeno se produce en medio de las sospechas sobre posibles cambios de domicilio irregulares por parte de contribuyentes a la busca de pagar menos impuestos expresadas por varias administraciones regionales como las de Cataluña o la Comunidad Valenciana.
La Administración Tributaria Catalana (ATC), por ejemplo, hace años que incluyó ya el control de traslados ficticios de contribuyentes hacia otras comunidades autónomas como uno de los vectores de sus planes de control tributario. Esos movimientos buscan situar el domicilio fiscal del contribuyente en otra comunidad autónoma con el objetivo de reducir la factura fiscal en los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. En algunos casos se realizan de forma ficticia para obtener una ganancia fiscal sin cambiar el modo de vida, pero en otros se ejecutan con todas las de ley huyendo de un marco fiscal especialmente penalizador o buscando un entorno fiscal más favorable.
Sin embargo, la determinación de si se trata de un traslado ficticio o genuino corresponde a la Agencia Tributaria. Durante años este canal de comprobación de posibles deslocalizaciones fraudulentas no se utilizó más que de forma puntual por parte de las administraciones tributarias autonómicas, pero la irrupción en toda su magnitud del conflicto fiscal contra la estrategia de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid ha intensificado la utilización de este recurso para 'cazar' a los posibles defraudadores que han simulado su traslado a otra comunidad autónoma.
Gascón ha aclarado que estas actuaciones se realizan siempre a instancias de las comunidades autónomas - que resultan perjudicadas por la posible pérdida de bases tributarias en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones - y que acaban en las juntas arbitrales en los casos en que las conclusiones de la Agencia Tributaria no convencen a las administraciones tributarias afectadas por la actuación. En otras palabras, cuando el traslado del contribuyente es considerado ficticio por una administración autonómica pero genuino por la otra.
Los impuestos bajos de Madrid, en el punto de mira
La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ha vuelto a poner en el punto de mira la política de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid. Una singular enmienda presentada por ERC que reclamaba la recentralización hacia el Estado del 50% del Impuesto de Patrimonio para desactivar la bonificación del 100% sobre la cuota que existe en la Comunidad de Madrid, y que muchas comunidades autónomas observan como una competencia fiscal desleal, ha desencadenado un agrio debate político por la decisión del Gobierno de tramitarla para volver a poner en el foco su intención de desarmar el 'oasis fiscal' del Gobierno madrileño.
La polvareda ha desembocado en el compromiso del Gobierno de configurar un grupo de trabajo para estudiar el modo de desmontar el esquema fiscal configurado por los sucesivos gobierno del PP en Madrid, que ha eliminado la tributación por Patrimonio en el territorio y ha rebajado al mínimo la fiscalidad sobre las herencias y las transmisiones de bienes y derechos en vida, e implantar una tributación mínima en esos impuestos.
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