El órdago independentista va a salir caro. No solo son ya 540 empresas las que han salido de Cataluña, no es solo que el Mobile World Congress esté en el aire, con el impacto de imagen y beneficios que ello conlleva, es que ha frenado la aprobación de presupuestos y ya afecta al crecimiento y al déficit. El pulso catalán ha parido un ratón muy caro.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dejado claro que la crisis catalana "no saldrá gratis" desde el punto de vista económico, y obligará a situar "algo por debajo" del 2,6% las previsiones de crecimiento de España para 2018.
"Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto", afirmó De Guindos al comentar la incertidumbre política en Cataluña en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la que participa.
El ministro agregó que España va a tener "una tasa de crecimiento inferior" al 2,6% proyectado "como consecuencia de la exigencia de prudencia" que exige la "situación de incertidumbre que ha generado Cataluña".
Las previsiones de crecimiento del Gobierno de España son actualmente del 3,1% para 2017 y 2,6% para 2018, aunque serán revisadas en el nuevo proyecto presupuestario que se presente la próxima semana en Bruselas.
Guindos recordó, en concreto, el peso específico de Cataluña en la economía española, ya que representa el 20% del producto interior bruto (PIB) del país.
De Guindos señaló que el "éxodo de empresas" que han traslado su sede fiscal de Cataluña en los últimos días a otras partes de España, entre ellas Caixabank y Sabadell, responde a las irresponsables decisiones adoptadas por el gobierno del presidente catalán, Carles Puigdemont.
"Han votado con los pies", subrayó el ministro, antes de agregar rápidamente que "esas empresas están deseando volver a poner sus sedes en Cataluña" si el gobierno catalán regresa al marco constitucional.
Sobre los efectos económicos, recalcó que "la inversión es la primera variable económica afectada" y advirtió de la paralización actual de decisiones de inversión ante las tensiones políticas. "No creo que haya muchos proyectos de inversión que se estén poniendo en marcha en estos momentos en Cataluña", dijo. No obstante, De Guindos se mostró convencido de que esta cuestión será "transitoria" y se "volverá a la normalidad".
"Estoy convencido de que si las políticas que han llevado a la salida de empresas se revierten, y el Gobierno va a hacer todo lo posible para que sea así, estas empresas volverán", afirmó ante los periodistas.
Durante su participación en la asamblea del Fondo, De Guindos sostuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, con quien comentó la "inquietud e incertidumbre" generada entre los inversores.
En su último informe de "Perspectivas Económicas Globales", el Fondo volvió a destacar la "robustez" de la recuperación económica en España, a la que situó como ejemplo de efectividad de las reformas estructurales adoptadas por las autoridades en los últimos año.
Aunque las previsiones de crecimiento para España son similares a las de Madrid, un 3,1 % para este año y un 2,5 % para el próximo, el FMI también reconoció que de prolongarse la incertidumbre "podría pesar en la confianza de los inversores".
La vicepresidenta da la voz de alarma
Las declaraciones del ministro se producen después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que sin una "pronta solución" habría que bajar las previsiones de crecimiento. La vicepresidenta tampoco especificó cuál podría ser la cuantía de la rebaja.
Las tensiones políticas han crecido en Cataluña tras el referéndum ilegal sobre la independencia del 1 de octubre y el posterior anuncio de Puigdemont en el Parlamento catalán de que asumía el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república".
Sin embargo, seguidamente propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
Por ahora, la situación se encuentra estancada a la espera del lunes, cuando termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno central le envió el miércoles pasado para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña.
Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas.
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