Domingo, 18.11.2018 - 07:54 h
Para mejorar la pensión contributiva

El Pacto de Toledo debate crear un gran fondo de pensiones de gestión pública

Pide un informe para chequear la viabilidad jurídica de que los trabajadores completen su pensión con aportaciones a un fondo gestionado por el Estado

Manifestación en defensa de las pensiones públicas
El Pacto de Toledo debate la creación de una alternativa pública para complementar la pensión mediante aportaciones a un fondo gestionado por la Seguridad Social

Superado el enconado debate sobre la actualización o no de las pensiones en función del IPC, el Pacto de Toledo se ha desbloqueado y ha comenzado a analizar otras posibles soluciones para garantizar la sostenibilidad a futuro del sistema público de pensiones. Una de las más audaces pasa por la creación de un gran fondo de pensiones de carácter totalmente público, ideado para estimular el ahorro a largo plazo de los trabajadores - uno de los objetivos que debe cuidar del Pacto de Toledo -  y cuya gestión asumiría la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según fuentes de la comisión parlamentaria, la idea de fondo de la iniciativa es proporcionar a los trabajadores una alternativa pública para complementar su prestación contributiva, ya que el sistema no se integraría en el sistema público de reparto sino que se encuadraría en el llamado tercer pilar del sistema de pensiones: el ahorro individual para la jubilación. A día de hoy la única opción que tienen los trabajadores que quieren completar su pensión futura con un extra es contratar un plan de pensiones individual o adherirse a un plan de empresa cuya gestión siempre depende de una entidad privada: una aseguradora o un banco.

Esta situación ha determinado, por ejemplo, que siempre que un Gobierno ha querido estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública haya tenido que hacerlo a través de ayudas fiscales a la suscripción de planes privados de pensiones.

La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo solicitó hace unas semanas un informe a la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cantabria, Lourdes López Cumbre, para determinar la viabilidad jurídica de activar un vehículo de naturaleza pública para canalizar el ahorro complementario de los trabajadores españoles. 

El informe de cinco páginas, al que ha tenido acceso La Información, argumenta en diez puntos los motivos jurídicos por los que "no existe ningún impedimento para que el sistema de Seguridad Social gestione esos fondos, bajo las indicaciones y límites que establece la ley", según la conclusión de la catedrática: "No existe ninguna norma legal ni ningún límite constitucional que lo impida".

Una alternativa a los planes privados

El modelo consistiría en la regulación de un plan de pensiones, similar al creado en su día para los funcionarios públicos, al que podría adherirse libremente y de forma voluntaria cualquier trabajador dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social y que se alimentaría de las aportaciones voluntarias realizadas por cada trabajador con un criterio de capitalización: tanto aportas, tanto cobras.

Todas esas aportaciones constituirían un Fondo de Pensiones, bajo gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social y cuyos criterios de inversión, según el informe de la profesora López Cumbre, podrían ser similares a los seguidos por el Fondo de Reserva, la célebre hucha de las pensiones: títulos emitidos por personas jurídicas públicas, emitidos en euros, de calidad crediticia elevada y negociando en mercados regulados, lo que se ha traducido en inversiones en deuda pública española o de otros países como Alemania, Francia y Países Bajos, y ha generado una rentabilidad media del 4,27%. Un precedente alentador.

Los defensores del modelo creen que ésta no es la única ventaja. Entienden que la gestión pública ofrece una certidumbre a los trabajadores que no les genera los planes privados de pensiones y que podría estimular el tan perseguido ahorro particular para la jubilación. Además de otro factor no menor, que los rendimientos de cualquier naturaleza generados por la gestión del fondo no estarían sujetos al ánimo de lucro de un gestor privado, sino que se integrarían en el sistema y repercutirían - directa o indirectamente - en el trabajador beneficiario de esa pensión pública mejorada.

Según las fuentes consultadas, los diputados del Pacto de Toledo ya han comenzado a debatir sobre la eventual inclusión de este modelo de fondo de capitalización público dentro de las recomendaciones que la comisión parlamentaria deberá presentar en los próximos meses.

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