El Parlamento asturiano aprueba una declaración de apoyo a los astilleros

Oviedo, 28 jun.- El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado hoy una declaración institucional de apoyo al sector naval asturiano ante la posibilidad de que tenga que devolver las ayudas recibidas en los últimos años.

La declaración relativa a los astilleros, planteada por el PP, señala que las empresas del sector naval asturiano, de gran tradición, son líderes en el ámbito mundial y que su actividad económica es el motor de otros subsectores tales como el eléctrico, el siderúrgico o el químico.

El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, propuso ayer que la devolución de las ayudas corra a cargo de los grandes inversores que participaron en la financiación de los buques con ventajas fiscales, así como de los armadores que compraron los buques a un precio inferior al del mercado.

Para el Parlamento asturiano, la aprobación en noviembre del 2012 del nuevo sistema de "tax lease" supuso un importante avance en el contencioso entre las autoridades españolas y la Comisión Europea, que contribuyó a garantizar, con carácter general y de forma automática, una amortización anticipada y acelerada de bienes adquiridos mediante determinados contratos de arrendamiento financiero.

Asimismo, incide en que la posible devolución de las ayudas que se recibieron con el anterior régimen fiscal, desde el año 2005, podría contribuir al cierre de los astilleros asturianos, así como los de otras comunidades autónomas vecinas y recuerda que la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, manifestó que el régimen no era discriminatorio para el resto de países de la UE.

"Esta Junta General no pide ningún trato de favor a la Comisión Europea en materia de Defensa de la Competencia, sino que pide el mismo trato que se está aplicando a Francia, con un régimen fiscal análogo al aquí analizado", añade la declaración.

Así, emplaza al Gobierno central a solicitar del Colegio de Comisarios de la UE que reconsidere la decisión de Competencia que "condena al cierre" al sector y emplaza, tanto al Ejecutivo central como al autonómico, a ejercer las medidas legales que procedan.